El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) fue convocado para las 10:00 de la mañana para conocer el fallo que anuló la primera decisión que tomó el órgano en la gestión que encabeza, Román Jáquez.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) intimó a la JCE para que no aplique el fallo y otros 15 partidos hicieron lo mismo para que lo aplique en lo inmediato. Ayer tarde representantes de un grupo de partidos se reunió con el presidente de la JCE, Román Jáquez, para externar preocupación por supuestas presiones al organismo para que no acate de inmediato la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA).

“Tal y como lo ha expresado el presidente de la JCE y los miembros del Pleno, esta institución en el marco de la institucionalidad, es respetuoso de las decisiones del poder jurisdiccional”, ha expresado la JCE a propósito del fallo.

La sentencia del TSA anuló la resolución 02/2021 del órgano electoral que estableció un criterio para la distribución de los recursos que entrega el Estado a los partidos que varios partidos alegan les perjudicó.

La voz cantante de los accionantes la llevó la Fuerza del Pueblo (FP), que obtuvo ganancia de causa en sus alegatos. “Este colegiado es del criterio que procede acoger el recursos contencioso administrativo incoado en fecha 26 de febrero por el partido Fuerza del Pueblo en contra de la resolución 02/2021 y en consecuencia declara nula dicha resolución ordenando a la recurrida a interpretar el artículo 61 de la ley 33/18 en forma congruente con el principio de favorabilidad previsto en el artículo 74.4 de la Constitución”, establece la sentencia.

Igualmente, el fallo establece que “la interpretación dada por la JCE al referido precepto legal irrumpió en un ámbito de discrecionalidad a contrapelo del principio de la legalidad que obliga a la administración a actuar con sometimiento pleno al ordenamiento traduciéndose su actuación en perjuicio de terceros”. El fallo ha generado debates a lo interno del PLD debido que el anuncio de la organización de que recurrirá ante la Suprema Corte de Justicia ha generado contradicciones por la conveniencia política o no de esa acción.

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