La posibilidad de que se realice en República Dominicana una reforma fiscal este año se aleja cada vez más y el foro de opiniones entre entendidos en el tema sugiere que –dado el contexto de crisis impuesto por la pandemia- aventurarse a realizarla sería muy complicado.
Incluso, el propio jefe de Estado parece haberlo comprendido. El día 3 de este mes, Luis Abinader aseguró que se está trabajando en la reforma fiscal, reiterando que espera que para el 2022 pueda ser implementada, luego de 8 años de retraso, pero posteriormente (el día 19), en una entrevista con los periodistas Huchi Lora y Alicia Ortega, advirtió que una reforma fiscal sería cuesta arriba en este 2021, y que la fecha clave será consensuada con la sociedad.
“Las reformas tributarias no son aconsejables en tiempos de crisis económica como la actual y deben hacerse en tiempos de bonanza”, argumentan economistas y algunos líderes políticos, al abordar la cuestión. República Dominicana, si bien ha comenzado a recuperarse en su economía, ha atravesado por dificultades, empujadas por el covid-19, y requiere de mayores ingresos para afrontar los desafíos surgidos en el contexto de la enfermedad. Y desde antes se ha enarbolado la necesidad de que el país eleve la presión tributaria, considerada de las más bajas de la región.
(14.5 %). La presión tributaria es la cantidad de dinero que recauda el Estado a través de los impuestos que cobra desde la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Tesorería Nacional. Aunque se conoce que en el país la reforma fiscal es ineludible para garantizar el balance de las finanzas públicas y la estabilidad económica, tanto el expresidente Leonel Fernández, como economistas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), entre otros, plantean que “no estamos en el mejor momento para ello”.
“Además de racionalidad económica, todo proceso de reforma o de ajuste fiscal, requiere que sea socialmente incluyente y políticamente viable”, dice Leonel Fernández en un artículo publicado ayer en el periódico Listín Diario.
La postergación de la reforma para ser aplicada el próximo año no está exenta de riesgos y costos potenciales para la economía y particularmente para las cuentas fiscales, asegura de otro lado, el exdirector de Presupuesto, Luis Reyes Santos, en un artículo que publica hoy en el diario elCaribe. Desde su punto de vista, “a corto plazo, las firmas calificadoras de riesgo y los organismos internacionales, particularmente el Fondo Monetario Internacional (FMI), estarán atentos a la evolución de las cuentas públicas y una reducción de la calificación de riesgo podría complicar de forma importante la gestión macroeconómica del país”.
Reyes Santos advierte que “el mayor error de la postergación radica en el escaso tiempo que tendrá el gobierno el próximo año, para avanzar unas complejas negociaciones con la oposición política que le permita llevar a buen puerto la reforma”.
El economista Andrés Dauhajre, en un artículo titulado “Tarea previa a la reforma fiscal” (24 de mayo 2021, elCaribe) plantea que la economía dominicana no está en recesión y que sí lo estuvo el año pasado y este año ha estado saliendo de ella a un ritmo acelerado. “En consecuencia, no parece apropiado recomendar la posposición de la reforma fiscal que la presente Administración pondera en estos momentos y que entraría en vigencia en enero de 2022, bajo el argumento de que, en medio de una recesión, una reforma fiscal que eleve la recaudación de impuestos resulta contraproducente, pues esta profundizaría la recesión. Ese no parece ser un argumento razonable”, dice Dauhajre.
“Para plantear un aumento de impuestos se debe esperar una recuperación mayor de la economía, que se puedan generar los empleos y que las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, puedan ponerse al día en sus obligaciones tributarias, algunas de las cuales no han podido hacerlo”, explica el profesor Antonio Ciriaco Cruz, de la UASD. “Se debe esperar la consolidación, a partir del año 2022 se comienza la discusión o quizás un poco antes, pero la discusión de cualquier reforma o pacto se va a tomar mucho más de un año si tomamos en cuenta la experiencia de la República Dominicana”, agrega el catedrático. “Aquí es necesaria una nueva agenda de políticas públicas que incluya la creación de una reforma de la fiscalidad, que necesariamente no implica incrementos de impuestos”, dice de otro lado Guarocuya Félix, exdirector de la DGII.
Los planteamientos de Miguel Collado y CREES
El economista senior del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), Miguel Collado Di Franco, ha explicado que “hay una serie de propuestas de reformas estructurales que se hacen y que dependiendo del diseño de las mismas, serían beneficiosas para el país”.
Según el especialista de la economía, una eventual reforma debería incluir una simplificación del sistema y no una mayor penalización a quienes están ya pagando impuestos, porque eso incentivaría a una informalidad que ya existe en el país y a la evasión.
“Con una reforma de ese tipo se podría promover el crecimiento y a la vez promover las recaudaciones, aunque en esta situación la reforma no tendría los mismos resultados tal vez que si se hubiera hecho en una circunstancia diferente a la que se tiene con la pandemia”, ha indicado Collado Di Franco.
“El país tiene pendiente, desde hace cinco años, un Pacto Fiscal ordenado por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo”. El efecto de las medidas relacionadas con la pandemia, junto con el deterioro acumulado de más de una década consecutiva de déficit fiscales y de distorsiones en el sistema tributario, imponen que ese pacto se haga realidad. Cuanto antes”, dice.
