Con la promulgación de la nueva Ley de Movilidad, Transporte y Tránsito Terrestre, se inicia una nueva ola de transformación y organización en el país.Es la consideración del legislador proponente de la pieza Tobías Crespo, quien asegura que tras cinco años siendo debatida en la Cámara de Diputados y cerca de 10 años de estudios y consultas, “la ley es el inicio de un marco jurídico que da las normativas y las sanciones y establece un régimen de consecuencias severo para contrarrestar el desorden del transporte terrestre en el país”.
El diputado peledeísta por el Distrito Nacional es un experto en el tema. Fue director de Tránsito Terrestre durante cinco años y preside la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados. En el 2005, en sus funciones en Tránsito Terrestre, inició una serie de consultas con especialistas internacionales sobre cómo reorganizar el tránsito en el país.
En su primer periodo como legislador en el 2010 visualizó la creación de un Ministerio del Transporte. Sin embargo, tras algunas recomendaciones del Ministerio de Administración Pública de que el cambio fuera escalonado, trabajó desde el Congreso por la creación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intrant). Promulgada la ley empieza el sueño a convertirse en realidad.
¿Cuál es el mayor aporte que hace esta ley, este código de tránsito?
El principal aporte que trae esta ley es la reforma institucional porque de ahí es que nacen los problemas estructurales en el sistema. Porque donde hay doce cabezas, doce autoridades, no hay autoridad. La unificación de una sola autoridad en un solo sector, que vaya a dar una sola directriz, una sola política pública, una línea de mando. Esto evita la duplicidad de funciones y el dispendio de recursos.
Ya promulgada la Ley 63-17, ¿qué sigue?
Ahora el gran reto lo debe asumir el Poder Ejecutivo y el país. Ver como ponemos orden en este desorden, reglas en este caos y que cada uno de los que tienen intereses en el sector depongan actitudes para lograr solucionar este problema, porque si son parte del problema, deben ser de la solución. La República Dominicana debe aspirar a un transporte público masivo, colectivo, integral, que funcione, que tenga frecuencia, vehículos en buen estado y choferes certificados. Que haya garantía de que cuando un pasajero tome un transporte llegará a su destino y se les garantice el derecho de movilidad a los usuarios.
¿Qué pasará con los activos y el personal de las instituciones que van a desaparecer?
El Gobierno deberá crear una comisión presidencial que será la encargada de hacer las adecuaciones para los procesos de fusión e integración de instituciones que establece la ley. La ley prevé que pasarán a ser parte del INTRANT y sus dependencias, los equipos, bienes muebles e inmuebles, derechos, registros, personal, créditos, obligaciones y presupuestos de las instituciones que se eliminarán.
Se ha dicho que el Intrant se quedó sin recursos y que sería entonces más de lo mismo.
¿Qué hay de cierto en eso?
Tenemos expectativas de que las cosas van a mejorar. Se sabe que no solo es la promulgación, se necesitan recursos presupuestarios y voluntad política. Los recursos que están asignados por ley a la DGTT, OTTT, CART, la Caja de Pensiones y el Fondet ahora irán a la Intrant encima de un 25 % del total de las recaudaciones de las multas de tránsito. A esto se le sumará los fondos que están acumulados en tesorería, 50 centavos de pesos del costo del combustible para la renovación del parque vehicular. A esto, el Poder Ejecutivo deberá sumarle en el presupuesto una partida para ejecutar planes concretos que tiene la ley.
¿Cuál es el perfil que deberá tener el titular frente a esta institución?
El titular que nombren frente al Intrant debe ser apasionado en el tema. Tener la capacidad de concertación sin ceder en la aplicación de la ley para que las cosas se den. Debe ser alguien experto en temas de gestión de servicios de transporte, experimentado en el sector. El presidente deberá nombrarlo mediante decreto.
¿Se aumentarían los precios del pasaje de la OMSA y la OPRET, ya que la ley deja abierta la posibilidad de que estas pasen a ser empresas público- privadas?
La ley lo que establece es una redefinición respecto a los servicios que estas ofrecen. No son oficinas, son operadores. La ley las convierte en empresas públicas con un regulador que será el Intrant. En seis meses el Gobierno debe emitir un decreto con la transformación que se debe dar al respecto. El Estado deberá siempre tener el control del servicio. Ahora, ¿por qué mixta?, porque se necesitarán recursos frescos. La inversión puede venir de la parte privada.
¿Pero seguirá el Gobierno subsidiando estos servicios luego de la readecuación?
La ley establece que donde la rentabilidad de una ruta no esté garantizada el Gobierno debe subsidiar, pero el subsidio será directo a los ciudadanos de a pie, no a la oferta del servicio.
¿Cómo sería ese subsidio?
La experiencia en otros países efectiva y de mayor control es a través de una tarjeta de pago. Con esa tarjeta se tendría una integración técnica, operativa y tarifaria. Los usuarios podrían montarse en cualquier modalidad de transporte terrestre siempre y cuando tenga saldo. Esa es la forma más transparente, porque el usuario solo recibirá el subsidio cuando use el servicio. Pero no hay una camisa de fuerza respecto al método.
La ley que se aprobó fue por la que usted estuvo trabajando durante cerca de 12 años, ¿es la ley soñada?
No. No es la ley perfecta, pero es la ley posible, fue la que pudimos consensuar y darle al país. En ese trajín en el Congreso durante cinco años participaron todos los sectores y especialistas. Lo que hoy está promulgado es producto de mucha gente, incluso 14 proyectos de ley de diputados diferentes se unificaron con el que yo propuse.
Hay sectores que entienden que la ley debía enfocarse en crear un Ministerio de Transporte. ¿Cuál es su posición?
Yo también estoy convencido de eso, pero debimos ceder para sacar adelante esta pieza. En mi propuesta inicial era la creación de un Ministerio de Transporte. Todavía sigo pensando que debe ser así, porque lo que representa el transporte para la economía y la parte social es muy grande.
Pero, luego de recomendaciones de expertos en administración pública, accedimos a la creación de un instituto que reuniera todas las instituciones dispersas.
Luego hacerlo fuerte, creíble, eficiente y entonces, en una segunda ola de transformación tal vez en diez años la creación del Ministerio que incluya todas las modalidades de transporte: marítimo, aéreo y terrestre como en otros países donde existe un ministerio de este tipo.
Transformación
El proceso de adecuación de las instituciones que se eliminarán debe darse sin sobresaltos y paulatinamente para tranquilizar a la población. ”
Cambio cultural
Según está organizado el tránsito en el país, así están sus instituciones. RD debe ir cambiando su mentalidad, el momento es idóneo”.
