Con esto buscan enfrentar la escasez de reservas entrenadas, reforzar la defensa fronteriza y responder a una crisis geopolítica regional que amenaza la soberanía
Una propuesta legislativa disruptiva está en discusión en la agenda del Congreso Nacional: el establecimiento del servicio militar obligatorio para todos los dominicanos entre 18 y 35 años. Si bien el proyecto no es aún muy conocido públicamente, su columna vertebral es clara: reforzar la defensa nacional ante la crisis permanente con Haití y enfrentar la peligrosa debilidad estructural de las reservas militares del país.
El planteamiento, propuesto por los diputados Elías Wessin Chávez, Miguel Ángel de los Santos Figueroa y Miguel Alberto Bogaert Marra nace de una alarmante realidad estratégica: solo un 5% de los dominicanos capacitados integran actualmente la reserva de las Fuerzas Armadas, y en su mayoría son personas mayores de 45 años, muchos ya inactivos. En palabras de uno de los diputados impulsores, “si mañana ocurriera una amenaza en la frontera, el país no tendría la capacidad de reacción ni los recursos humanos entrenados para responder”.
Una frontera frágil ante un Estado colapsado
La motivación de fondo no es abstracta. La frontera dominico-haitiana, de más de 390 kilómetros, separa a un país estable —aunque con retos institucionales— de un Estado fallido, sin gobierno efectivo, sin control territorial y sumido en el caos de pandillas, tráfico de personas y armas, y migración incontrolada.
Mientras las autoridades haitianas luchan por recuperar el mínimo orden tras la salida de Ariel Henry y la fallida transición internacional, la República Dominicana se enfrenta sola al desafío de proteger su territorio. La propuesta del servicio militar aparece así como una respuesta estructural y a largo plazo a esa amenaza: formar, capacitar y mantener una reserva militar robusta, entrenada y disponible ante cualquier escalada en la crisis fronteriza.
Modelos internacionales en contextos similares
Los proponentes del proyecto han citado a países como Israel, Grecia, Finlandia y Corea del Sur, todos con conflictos activos o potenciales en sus fronteras, como referentes para justificar la implementación de un servicio militar obligatorio. En estos países, la defensa nacional no se improvisa, y el reclutamiento juvenil es parte integral de un sistema de seguridad multidimensional.
Pero también miran hacia América Latina, señalando a Chile, Colombia y Brasil, naciones que han institucionalizado el servicio militar como estrategia para garantizar reservas listas, fortalecer el sentido de identidad nacional y consolidar la defensa territorial ante amenazas internas o externas.
En todos estos casos, el denominador común es el mismo: fronteras inestables requieren pueblos preparados.
Reservas desactualizadas y un vacío de seguridad
En el caso dominicano, el sistema actual de reservas militares ha quedado desfasado por el tiempo y por la falta de políticas de actualización. La gran mayoría de los miembros de reserva son exmilitares retirados hace décadas, sin entrenamiento vigente, ni vinculación activa con las necesidades modernas de defensa.
El proyecto propone sustituir esa vulnerabilidad con una reserva nueva, joven, y técnicamente capacitada, formada desde un programa nacional que además de lo militar, enseñe valores, ética y preparación técnica para reintegrarse al mercado laboral. “Ya no se trata solo de enseñar a marchar —dice uno de los promotores—, sino de crear ciudadanos capaces de defender su país y servirlo también en tiempos de paz”.
Una superintendencia con poder y presupuesto
La columna operativa de esta propuesta sería la Superintendencia General del Servicio Militar, una nueva entidad autónoma con independencia presupuestaria y técnica, dirigida por un mayor general retirado y bajo la órbita directa de la Presidencia.
Este órgano estaría encargado de organizar la inscripción, el sorteo, la formación, la disciplina y la asignación de los conscriptos a programas de instrucción en fases: Ciudadano, Patriota y Guerrero. Además, coordinaría con entidades como el Ministerio de Educación, INFOTEP, Obras Públicas y Agricultura, en una muestra de integración multisectorial al concepto de defensa nacional.
La ley contempla también una remuneración básica para los reclutas durante su adiestramiento, así como salidas técnicas y académicas para aquellos que ya estén estudiando en universidades, siempre bajo una modalidad de servicio compatible con su formación.
Frontera y soberanía: el nuevo núcleo del patriotismo
El punto más candente del debate gira en torno a la soberanía territorial y la protección de la frontera. En medio del auge de las invasiones de terrenos, el descontrol migratorio y la expansión del crimen transnacional en la zona limítrofe, los legisladores entienden que no se puede seguir dejando esa responsabilidad solo en manos de las Fuerzas Armadas activas, que no superan los 60,000 efectivos operativos.
“Necesitamos estar listos para una eventualidad”, insiste el borrador de la ley, que prevé que la nueva reserva pueda ser convocada no solo en caso de guerra, sino también para apoyar en desastres naturales, crisis humanitarias o emergencias nacionales. Es decir, no se trata solo de combate, sino de una fuerza nacional de respuesta estructurada.
Sin embargo, no todo es patriotismo solamente, hay aspectos técnicos que se han de mirar la efectividad de este “sistema combinado” en el país que aún no logra -a pesar de contar con una tubería de dinero – a través del 4% , garantizar el derecho pleno a una educación de calidad, empleo digno y participación cívica. Con un currículum educativo que aún deja mucho que desear.
El Ministerio de Educación sería la fuente de financiamiento del proyecto. Aunque se especifica que el fondo no afectaría programas esenciales, esta sería una nueva carga para este presupuesto, del cual aseguran los proponentes que “siempre le quedan fondos sin usar”…
Qué dice la Constitución:
La Constitución dominicana, en su artículo 75, establece que los ciudadanos pueden ser llamados a prestar servicios civiles o militares “según lo disponga la ley”, la disposición debe interpretarse bajo el principio de razonabilidad, proporcionalidad y voluntariedad en tiempos de paz.
El proyecto impone sanciones que van desde la inhabilitación para cargos públicos hasta la retención de ayudas del Estado para familias cuyos hijos se nieguen al servicio militar, lo que podría representar una violación indirecta de derechos económicos y sociales garantizados por la propia Constitución.
¿Un llamado a la patria o una llamada de atención?
En el contexto actual, la propuesta llega en un momento de máxima sensibilidad nacional: Haití colapsado, la frontera cada vez más vulnerable, y una región que observa con inquietud el resurgimiento de modelos autoritarios bajo pretexto de orden y seguridad.
El Congreso tiene ahora el desafío de decidir si esta ley será un mecanismo efectivo de defensa nacional y formación cívica, de herramienta para disminuir los “nini” y la violencia en las calles, o si podría convertirse en una herramienta de presión, exclusión o militarización excesiva de la juventud.
Mientras tanto, la ciudadanía dominicana está llamada a reflexionar: debemos como país combinar “el sistema de educación actual” por uno combinado entre libros y aspectos militares como primera herramienta formativa, O podemos imaginar un modelo de servicio nacional donde se sirva a la patria desde el aula, la tecnología, el civismo y la paz.
