Santiago. – El conflicto social en el distrito municipal de El Limón, en el municipio de Villa González, continúa escalando, luego de que durante una marcha pacífica en apoyo al dolor que embarga a la comunidad por la muerte del joven deportista Ángel Miguel Santos Espinal, conocido como “Papucho”, fueran apresados cinco maestros, entre ellos el director del Liceo Ercilia Pepín Estrella del Limón, así como dos estudiantes, según denunciaron comunitarios.
Los residentes calificaron las detenciones como un atropello a derechos fundamentales, al asegurar que se produjo una violación al derecho constitucional a la protesta pacífica, lo que ha incrementado la indignación y la tensión en la zona.
“Ahora el atropello es mayor, porque no solo perdimos a un joven, sino que también se nos impide protestar y exigir justicia”, expresaron comunitarios.
La crisis social que vive El Limón tiene su origen en la muerte del joven Ángel Miguel Santos Espinal, estudiante y deportista del Liceo Ercilia Pepín, ocurrida en el play de Pocilguita, en esa comunidad.
De acuerdo con versiones de comunitarios y testigos presenciales, el joven falleció tras ser impactado por una camioneta policial, supuestamente conducida por el primer teniente Máximo Liriano, quien —según las denuncias— habría acelerado el vehículo de manera intencional.
Además, los denunciantes señalan indicios de posible responsabilidad intelectual por parte del comandante de la zona, Ignacio Rosario, conocido como “Nacho”, lo que ha elevado el reclamo de una investigación profunda, imparcial e independiente.
Desde el momento del hecho, la comunidad ha realizado marchas, vigilias y protestas, exigiendo justicia, lo que ha derivado en enfrentamientos con las autoridades y un ambiente de alta tensión social.
Carta formal al presidente y a la Procuraduría
En medio de la creciente conflictividad, el Frente Amplio de Lucha Popular del Limón envió una carta formal, fechada el 12 de diciembre de 2025, dirigida al presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona; a la procuradora general de la República, Yenny Berenice Reynoso; a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y a demás instituciones del Estado vinculadas a la justicia.
En el documento, los comunitarios solicitan el esclarecimiento pleno, transparente e imparcial de la muerte del joven, al tiempo que exigen justicia sin represalias, sin privilegios y sin encubrimientos.
Entre sus peticiones concretas figuran:
1. Apertura y seguimiento riguroso de una investigación penal objetiva, respetando el debido proceso.
2. Identificación y sometimiento a la justicia de todos los responsables, tanto materiales como intelectuales.
3. Protección a testigos y familiares, para evitar presiones, intimidaciones o represalias.
4. Intervención de las instituciones correspondientes, para garantizar que el caso no quede impune y fortalecer los mecanismos de supervisión dentro de los cuerpos de seguridad del Estado.
“La vida prometedora de este joven fue truncada de manera abrupta, injusta y violenta. Exigimos justicia y paz social”, expresa la misiva.
Las detenciones de maestros, estudiantes y dirigentes comunitarios han sido interpretadas por diversos sectores como un intento de criminalizar la protesta social, lo que ha generado preocupación entre educadores, padres y organizaciones sociales.
Los comunitarios advirtieron que continuarán las manifestaciones pacíficas hasta que se esclarezca el caso y se establezcan responsabilidades, al tiempo que llamaron a las autoridades a evitar el uso excesivo de la fuerza y a garantizar los derechos ciudadanos.
La situación en El Limón mantiene a la comunidad en estado de alerta, mientras el país observa con atención un caso que combina uso de la fuerza policial, reclamos de justicia, derechos humanos y libertad de expresión, y que podría marcar un precedente en la relación entre las autoridades y las comunidades organizadas.
