OPD propone soluciones a financiamiento

La problemática del financiamiento de partidos políticos en República Dominicana no está en una falta de legislación, sino de mecanismos de control público, político y jurídico.

La problemática del financiamiento de partidos políticos en República Dominicana no está en una falta de legislación, sino de mecanismos de control público, político y jurídico.

Así lo aseguró el Observatorio Político Dominicano (OPD), entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) en un análisis sobre financiamiento a los partidos políticos y campañas electorales.

El coordinador de la Unidad de Partidos Políticos del OPD y autor del estudio, Vladimir Rozón García, explicó que las causas directas del desbordamiento de la actividad política, a partir del cual el dinero se ha convertido en su actor principal, son: las campañas políticas débilmente reguladas, la falta de límites a los gastos electorales; la ausencia de garantía, tanto de la transparencia como de la divulgación de la información financiera de los partidos, y la carencia de mecanismos de contrapeso.

El estudio “El financiamiento de partidos políticos y campañas electorales en República Dominicana: problemática y solución” propone entonces reducir la campaña y los gastos electorales; impulsar otros métodos de recaudación de fondos; crear o fortalecer los órganos de control y de supervisión de las fuentes de financiamiento de los partidos; crear mecanismos de contrapeso; transparentar el financiamiento privado y fortalecer los mecanismos de control del financiamiento público.

Para fortalecer los órganos de control y de supervisión de las fuentes de financiamiento, el estudio plantea, que la JCE realice “auditorías sorpresas” para identificar los movimientos del dinero de las organizaciones políticas.

Para hacer transparente el financiamiento privado, la investigación sugiere: elaborar un registro de contribuyentes para evitar que empresas ‘fantasmas’ y negocios ilícitos continúen incidiendo en la actividad política; implementar medidas de seguimiento y control en cuanto a las donaciones en tiempo no electoral y mejorar los sistemas de transparencia respecto de las contribuciones.

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