12 ríos dominicanos con cuencas son piedra angular en su preservación, restauración y protección para enfrentar los riesgos de desastres y contra sequías prolongadas

Cada año comienza la temporada ciclónica del 01 de junio hasta el 30 de noviembre, en ese sentido, la Organización de Naciones Unidas (ONU), así como expertos en materia meteorológica, predicen que esta temporada estará caracterizada por la incidencia del fenómeno “El Niño”, con un 80 % de que comience entre julio y septiembre. Provocaría el aumento de las temperaturas considerablemente a nivel global, generará sequías y pocas precipitaciones en la región. Se suman a esto a los ocho años recientes más cálidos, y advierten, además, de un “nuevo repunte del calentamiento global”.

Por consiguiente, la República Dominicana ha sido víctima de esta manifestación atmosférica, vio desaparecer o reducirse a simples riachuelos, ríos, cañadas y torrentes de agua que llevan vida por toda la geografía nacional por la tímida preservación de la capa boscosa en las cuencas hidrográficas para la retención de agua, razón de que la incidencia de “El Niño” o cualquier otro evento sea significativo en la isla, sobre todo en las zonas más vulnerables. Por eso, a pesar de que llueva mucho o no, por la deforestación o la contaminación antropogénica, hay menos agua. Empeorado por la carencia de infraestructuras para el reservorio del líquido.

“En la mayoría de nuestros ríos la cantidad y calidad de agua ha disminuido, encontraríamos la respuesta en los daños causados a nuestras cuencas hidrográficas, tanto por la deforestación en las partes altas y medias, como por el socavamiento de los cauces en las partes bajas. No se puede dejar fuera de la ecuación que el agua producida pierde cantidades apreciables por la contaminación química, el vertido de desechos y de residuos sólidos. Y todavía hay más: la sanidad de nuestras playas y mares está ligada a la salud de los ríos. La oferta total de agua sobrepasa la demanda, pero faltan infraestructuras para almacenarla”, así lo explica Domingo Marte, en el libro “Ríos Dominicanos: redes de vida” del Banco Popular.

Asimismo, Marte, responde a la importante pregunta planteada en el texto de ¿Por qué algunos lugares el cauce de los ríos se mantiene con agua, aún en tiempos de sequía?. “Si el terreno donde cae el agua tiene una cobertura vegetal apropiada, en el suelo se puede formar una barrera de troncos de árboles, raíces y hojas. En el caso de las montañas, el resultado es que esa agua fluye gradualmente en forma superficial o subterránea como ríos, arroyos, arroyuelos, cañadas y venas que llegan al cauce colector de un río principal”.

Del mismo modo, ocurre que si el terreno posee poca cobertura vegetal, el agua que cae se transporta con rapidez, se infiltra poco y erosiona parte del suelo superficial “empobreciéndolo”.

De igual forma, aborda el tema el historiador Frank Moya Pons, quien apunta: “La mayoría de las cuencas han perdido su cobertura boscosa y no pueden retener el agua como antes.”. Continúa explicando el símil del -brócoli y el lavamanos-. “Un bosque intacto funciona hidrológicamente como brócoli pues retiene el agua que recibe y la va soltando gradualmente, en tanto que un lavamanos la deja escurrir rápidamente quedando seco en poco tiempo. Las cuencas deforestadas funcionan como lavamanos y quedan sin agua, o con muy poca, y muchos de sus ríos terminan desapareciendo”. De igual manera, precisa sobre la necesidad urgente de restaurar las cuencas hidrográficas que están en peligro de perder “su capacidad generadora de agua”.

Actualmente, los 12 ríos con cuencas de mayor área en kilómetros cuadrados, que son prioridad en su preservación, restauración y protección, piedra angular para enfrentar los riesgos de desastres y mitigar la sequía extrema, son: Yaque del Norte (7,044), Yuna (5,498), Yaque del Sur (4,972), Ozama (2,685), Artibonito (2,614 en territorio dominicano y 6,399 en el haitiano), Higuamo (1,182), Soco (1,051), Yásica (824), Bajabonico (678), Ocoa (677), Boba (624) y Haina (564).

Buenas prácticas ambientales

En ese mismo orden, existen políticas públicas e información sobre la preservación de las cuencas, así como de las principales actividades que inciden negativamente en su desaparición. La cuestionante es ¿existe la suficiente voluntad de hacerlas cumplir? En ese sentido, el Ministerio de Medio Ambiente junto a organismos internacionales, elaboró el documento “Guías técnicas de buenas prácticas ambientales y sociales”, enfocadas en la conservación de bosques en áreas protegidas en el marco de la Red de Más Bosques Más Vida.

El análisis arrojó que las principales causas de deforestación y deterioro de bosques en el país son: la ganadería, tala ilegal de bosque natural, agricultura comercial, agricultura migratoria y de subsistencia, minería a cielo abierto, extracción de madera, leña y carbón, incendios de alta intensidad, insumos energéticos, infraestructura y desastres naturales. Apunta que incide en la degradación de estos, prácticas como: pastoreo de ganado en bosques, extracción de madera, leña y carbón, planes de manejo mal gestionados o mal ejecutados, incendios de mediana y baja intensidad, introducción de especies exóticas (invasoras), extracción de madera, leña y carbón, tala ilegal del bosque natural, desastres naturales, infraestructura, plagas y enfermedades, así como otras “causas misceláneas”. Además, la institución asegura: “Esta guía es un esfuerzo para presentar formas de llevar adelante procesos que vinculan a autoridades y población civil en la conservación y manejo de recursos naturales en áreas protegidas y zonas de amortiguamiento”.

Responsabilidad y resiliencia

Finalmente, el nivel de responsabilidad ambiental con que el Gobierno, organismos internacionales y la sociedad asuma la preservación boscosa de las cuencas hidrográficas, así será el nivel de resiliencia que tendrá el país frente al cambio climático, las sequías extremas, los riesgos de desastres, lluvias torrenciales y evitar el cambio en el ciclo del agua y sus etapas que tanto afectaría el desarrollo humano. Es impostergable la aplicación de leyes y la actualización de las políticas públicas en materia climática en el marco de los convenios locales e internacionales rubricados.

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