Un proyecto de ley sometido en la Cámara de Diputados establece la instalación de sistemas de cámaras de seguridad y monitoreo electrónico en los lugares con acceso masivo de personas.

Esto con el fin de garantizar la seguridad de la gente y contribuir a la prevención de los actos de violencia así como proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades.

Se trata del proyecto de ley orgánica que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, reintroducido el pasado miércoles por la diputada Lourdes Josefina Aybar, de Fuerza del Pueblo (FP).

De acuerdo a la pieza, la Policía Nacional tendrá acceso a las grabaciones y sistemas de esas cámaras de vigilancia con fines de investigación.

El párrafo dos del artículo 39 refiere que en los establecimientos públicos nocturnos donde se evidencie la existencia de denuncias probadas por uso ilegal de estupefacientes contra personas individuales, los gobiernos municipales junto a la Policía sancionarán la primera vez “con la clausura temporal de cuatro meses” y en la segunda ocasión “con el cierre definitivo” del establecimiento.

Apoyo económico de empresas

La iniciativa consigna, en su artículo 44, que las empresas públicas y privadas deberán apoyar “técnica y económicamente” las iniciativas de prevención del delito y de seguridad ciudadana a ser ejecutadas por las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, dentro de sus programas de responsabilidad social.

Espacios publicitarios “gratuitos”

El proyecto de ley establece que los medios de comunicación radial, audiovisual y escritos públicos o privados, que presten este servicio en el país, dispondrán “en forma obligatoria” de espacios publicitarios “con carácter gratuito”, para dar a conocer e informar a la ciudadanía mensajes educativos y preventivos sobre seguridad ciudadana y seguridad vial, de acuerdo con la reglamentación elaborada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Instituto de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones (Indotel).

Los medios deberán difundir esos mensajes en los horarios “de mayor audiencia”, que serán determinados de acuerdo a reglamentación elaborada por las dos entidades mencionadas.

El MOPC, el Indotel y el Ministerio de Interior y Policía regularán los horarios en donde se transmitan programas de radio y televisión con contenido de violencia explícita.

La sociedad civil organizada podrá ejercer el control social a todos los medios de comunicación social, públicos y privados, “pudiendo realizar la correspondiente denuncia ante el Indotel y el MOPC, en caso de advertir el incumplimiento” de la normativa legislativa.

¿Qué busca la iniciativa?

El proyecto de ley orgánica tiene por objeto garantizar la seguridad ciudadana, con la promoción de la paz y la tranquilidad social; el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales, para la prevención y control del crimen y la violencia; la protección del ciudadano; y la efectividad de la justicia.

La iniciativa procura la protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales, las libertades públicas y los demás derechos establecidos y amparados por el ordenamiento jurídico; prevenir la inseguridad ciudadana; mantener y restablecer la seguridad y la convivencia ciudadana; y el respeto a las leyes, a la paz y a la seguridad ciudadana en el ejercicio de los derechos y libertades.

Estarían compuestos por entidades del Estado

Con el pliego legislativo, se creará el “Sinasec” (Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana) como responsable de coordinación de la voluntad y acción del Estado, la ciudadanía y encargado del diseño. También conducirá las políticas, planes, estrategias y procedimientos de seguridad ciudadana. El Sinasec estará conformado por el presidente de la República, el Ministerio de Interior y Policía (MIP) y el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec). Mientras el MIP ejecutará las políticas públicas de seguridad ciudadana y articulará la gestión de todas las entidades relacionadas con dicha seguridad. Entre sus atribuciones destaca el formular y proponer las políticas públicas al Conasec para la prevención, mantenimiento y restablecimiento en materia de seguridad ciudadana. El Conasec estaría integrado por el ministro de Interior, quien lo presidirá; de la Presidencia; de Educación o su representante; de Salud o su representante; y de Defensa. También por el procurador general o su representante; el director general de la PN; presidente del CND; director nacional de Control de Drogas; y el asesor del Poder Ejecutivo para el Programa de Luchas contra el Narcotráfico.

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