El financiamiento ilícito de campañas electorales en varios países de la región seguirá siendo un interesante motivo de debates en los medios de comunicación.Cada día se añade un ingrediente nuevo a la ya extensa lista de situaciones vinculadas al caso de corrupción de mayor trascendencia en las últimas décadas.
Ninguno de los países involucrados en los sobornos pagados por Odebrecht ha podido negar culpas y responsabilidades.
En el caso de República Dominicana, el tema adquiere una importancia singular. Esto así, porque la mayoría de los ciudadanos mantiene una actitud firme y de empoderamiento, para exigir que las autoridades jueguen su papel y den garantías de que no habrá impunidad. Obviamente, estas exigencias y movimientos sociales juegan un papel fundamental en la búsqueda de la verdad, dado que ejercen presión en los organismos facultados para investigar y someter ante los tribunales a quienes resulten culpables de indelicadezas pasibles de sanción penal.
Y es lo que esperamos todos, que quienes hayan servido de soporte para materializar situaciones que riñan con nuestra Constitución y ordenamiento jurídico, pague sin contemplaciones por la gravedad de sus acciones.
Es entendible que sectores contrarios al partido de Gobierno pidan la cabeza del presidente Medina, por entender que están ante una coyuntura para manchar la imagen de uno de los jefes de Estado mejor valorados a escala mundial.
Y esto último basado en que en política “se vale todo”, incluso jugar al descrédito, aun sin elementos que sustenten cualquier acusación o señalamiento tendente a mancillar la moral de terceros.
En medio de tantos ruidos causados por el caso, el presidente Medina continúa impasible su agenda de trabajo, conforme el plan de Gobierno definido para el presente cuatrienio.
Con esta actitud, el Presidente no intenta sacarle el cuerpo a un tema que por obligación constitucional el Estado dominicano debe hacerle frente. Medina sólo ejerce el sagrado principio de la libertad de actuación de los poderes establecidos, y dejar que la justicia actúe por cuenta propia en este y todos los casos donde se presuma hubo corrupción.
Es, por tanto, un comportamiento digno de reconocimiento, dado que nadie tiene hasta el momento cómo demostrar que el mandatario ha interferido directa o indirectamente en las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría. La negación judicial a la solicitud del Ministerio Público de homologar el acuerdo sellado con Odebrecht, sirve de ejemplo para medir el respeto del Poder Ejecutivo a la independencia del sistema de justicia.
Como dije anteriormente, lo sensato es no adelantar resultados y seguir pacientes el curso de las investigaciones.
