El superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Luis Castellanos, afirmó ayer que el Estado tiene la obligación de velar porque el sistema de Seguridad Social no sea capturado por intereses particulares y, en esa lógica, evitar que se tomen de rehenes a los pacientes y familias. Para el funcionario, ha llegado el momento de introducir modificaciones en el marco legal, con el objetivo de que el Sistema se desarrolle poniendo como eje central a los afiliados, en un país caracterizado por enormes desigualdades sociales que impiden un desarrollo humano sostenible.
En ese sentido, dijo que la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo busca fortalecer la capacidad reguladora del Estado, mediante la mejora de los mecanismos de decisión en el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), que bajo el esquema actual, han entorpecido por años decisiones claves que redundan en beneficio de los afiliados.
Castellanos recordó que el Seguro Familiar de Salud (SFS) ha sido una de las políticas sociales con mayor impacto en el país, que sólo el año pasado recaudó casi RD$40 mil millones, razón por la que ve comprensible que haya sectores interesados en mantener su hegemonía.
“No se puede permitir que el Sistema quede secuestrado en función de intereses que pueden ser legítimos, pero que no necesariamente responden al interés general de la población, y de la ciudadanía. Los problemas que tenemos en el sistema no corresponden a que haya demasiada regulación, es porque hay poca regulación. Necesitamos aumentar, fortalecer esa regulación en el sistema”, dijo.
Veto ha sido una retranca
Al conversar con elCaribe, el Superintendente dijo que el derecho al veto con que cuentan empleadores y trabajadores ha sido una retranca para el desarrollo del sistema por lo que hay que encontrar otros mecanismos que faciliten los procesos de decisión en el CNSS.
“Tenemos que encontrar otras fórmulas para que respetando esa capacidad e interés de aportar de esos sectores, no se tranque el funcionamiento y la operación del sistema, que no tengamos decisiones claves que pasan diez años para poder ser tomadas, o cinco años en una comisión”.
Otro de los aspectos de la reforma objetados por las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) es el fortalecimiento de la Sisalril como ente regulador, alegando que con ello se debilitan las funciones del CNSS y se pone en riesgo la sostenibilidad del Sistema, lo que a juicio del funcionario es totalmente falso.
Según Castellanos, esa falta de regulación es lo que ha contribuido a que tanto la entidad que dirige como la Superintendencia de Pensiones, no hayan podido jugar un mejor papel en beneficio del 70% de la población asegurada.
“Creo que lo importante es que se presenten cuáles son esos aspectos que se considera que pueden afectar los intereses particulares y que los veamos desde la perspectiva del interés general del país”.
Con la reforma, la Sisalril estaría facultada para regular los planes voluntarios o complementarios de salud que se comercializan en el país, a lo que también se oponen las ARS.
En ese sentido, Pedro Luis Castellanos, no ve justo que prácticamente se obligue a los afiliados del Plan Básico de Salud a adquirir un seguro complementario porque muchos prestadores de servicios contratados por las ARS no aceptan el Básico.
Por otro lado, considera que es justo y totalmente comprensible que las clínicas y médicos tengan una mejor remuneración por sus servicios, pero advierte que eso no les da derecho a cobrar a los pacientes lo que no está autorizado.
“No es justo que se cobre sin regulación y que eso se convierta en una barrera de ingreso. Hay que encontrar soluciones como sistema que garanticen mejor remuneración para los prestadores pero que no sacrifiquen a los pacientes, a los afiliados”. Recalcó que los sistemas de Seguridad Social son para proteger a la población y que el Estado está en la obligación de mirar su desarrollo desde la perspectiva de los afiliados.
Dice no conspiran contra clínicas ni médicos
Castellanos también negó que la puesta en marcha de la Atención Primaria conspire contra los prestadores de servicios de salud, y advirtió que si no se aplica, el sistema no solamente será insostenible, sino que tampoco se podrá mejorar la calidad de los servicios para la población. Dijo que la experiencia internacional muestra que miles de médicos, enfermeras y otros profesionales de la Salud encuentran oportunidades de trabajo cuando se desarrollan de manera masiva los establecimientos de primer nivel de atención, tanto en el sector público como en el privado. Aseguró que el Gobierno está dispuesto a incorporar al anteproyecto todas aquellas propuestas compatibles con el fortalecimiento de la protección de la ciudadanía. “De lo que se trata es no de atrincherarse y lanzar acusaciones, sino de salir de esa trinchera de intereses particulares y dialogar con propuestas”.
Regulación
La reforma fortalece el papel regulador del Estado, a través de la Superintendencia de Riesgos de Salud como la de Pensiones.
Retranca
Castellanos considera que el veto absoluto ha constituido una retranca para la toma de decisiones en el Sistema.
