La aprobación de dos leyes, una de partidos políticos y otra queregula el régimen electoral, con disposiciones que amenazan la libertad de expresión de los ciudadanos en tiempos de campaña proselitista, ha despertado temores de un resurgimiento de los mecanismos de censura en el país.
La afirmación está contenida en el informe sobre la prensa en República Dominicana, preparado por Miguel Franjul, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, durante la reunión de medio año realizada en Cartagena de Indias, Colombia.
Señala que además de estas leyes, hay una que se discute en el Congreso sobre los medios de comunicación que contempla normas inhibitorias.
“Con ellas, parece estar formándose un clima generalizado para impedir la difusión de denuncias de corrupción o de actos escandalosos de partidos y figuras políticas. El argumento esgrimido es que están destinadas a proteger el honor sobre la base de criterios vagos sobre difamación e injuria”, indica el informe.
La Ley Electoral, detalla, que contempla penas de hasta 10 años de prisión para los delitos de difamación e injuria que se cometan contra candidatos y de 3 hasta 10 años a los que violaren normas éticas, legales y constitucionales sobre uso de medios de comunicación.
Y en lo relativo a las leyes de Partidos y la de régimen electoral penalizan hasta con diez años “comentarios negativos” contra precandidatos o candidatos. “El concepto de “comentarios negativos” va más allá de las figuras jurídicas de “difamación” o la “injuria”, las cuales ya están sancionadas en el Código Penal y en la Ley sobre Expresión y Difusión del pensamiento. Puede considerarse comentario negativo cualquier cosa que entienda perjudica a sus aspiraciones, aunque la afirmación sea verdad”, añade el informe que fue leído por Nuria Piera Gainza, miembro de la junta de directores.
Consideran que la propuesta de un observatorio electoral para determinar las informaciones falsas resulta un mecanismo riesgoso contra la libre expresión.
Presiones Gobierno
El informe recoge que al menos cinco comentaristas de la radio y la televisión han denunciado que fueron inducidos a renunciar de los programas en los que trabajaban por presiones desde el gobierno contra los propietarios de los medios, a causa de sus continuas críticas y denuncias sobre casos de corrupción. No se trató de expulsiones directas, sino de cambios administrativos dispuestos por esos medios que los comunicadores no aceptaron”, argumenta el escrito.
14 periodistas han sufrido maltrato
Apunta que en el último semestre se han producido 14 casos de periodistas que han padecido maltratos, agresiones y amenazas de muerte provenientes de agentes policiales y militares en la cobertura de eventos. Considera que persisten temores de que queden en la impunidad los crímenes del periodista Blas Olivo, ocurrido en 2015 y de los comunicadores radiales Leo Martínez y Luis Manuel Medina, en febrero del 2017.
