El proceso de implementación de la importante pieza comenzará a partir del miércoles 28 de enero
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) tiene todo preparado para el inicio del proceso de implementación de su nueva Ley (Ley 47-25), el cual comenzará a partir del miércoles 28 de enero.
Al ofrecer los detalles a elCaribe, Carlos Pimentel, titular de la entidad, dijo que esta etapa inicial forma parte de un esquema de aplicación gradual, ordenado y técnicamente planificado, que permitirá a las instituciones públicas y a los actores del sistema adaptarse de forma progresiva a las nuevas disposiciones legales.
La Ley incorpora importantes novedades orientadas a fortalecer la transparencia, la integridad, la eficiencia y la modernización de los procesos, por lo que su puesta en marcha contempla fases de adecuación normativa, capacitación institucional y ajustes operativos, conforme al cronograma establecido.
Este enfoque, de acuerdo con el funcionario, garantiza una implementación responsable, alineada con los principios de seguridad jurídica y continuidad administrativa, asegurando que la transición se realice de manera efectiva y sostenible.
El presidente Luis Abinader promulgó la Ley el 28 de julio de 2024. El ordenamiento establece que entrará en vigencia 180 días después de su promulgación y publicación. El pliego legal sustituye y deroga la Ley 340-06, promulgada en el 2006, e introduce mayores controles y un régimen sancionador más estricto que la anterior pieza.
Atraso en promulgación reglamento de aplicación
La nueva Ley de Contrataciones Públicas establece, en su artículo 243, que el Poder Ejecutivo cuenta con un plazo no mayor de 120 días a partir de la promulgación y publicación de la legislación para dictar sus reglamentos de aplicación. Sin embargo, según Carlos Pimental, “el reglamento de aplicación se promulgará el lunes o martes” próximo. El presidente promulgó el marco jurídico hace 180 días, por lo que se ha atrasado en dar “luz verde” al reglamento.
Reglamentación complementaria (cinco reglamentos)
La Ley 47-25 consigna, además, que la Dirección General de Contrataciones Públicas cuenta con un plazo “no mayor de 150 días” a partir de la promulgación y publicación de la Ley, para dictar, “a modo enunciativo”, cinco reglamentos.
Se trata del Reglamento del Registro de Proveedores del Estado; Reglamento del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas; Reglamento de Gestión de los Convenios Marco; Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador; y Reglamento de las tasas por servicios.
La norma también explica que durante esos 150 días de plazo, la DGCP debe elaborar los manuales de procedimiento que correspondan, ajustar el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas y realizar los cursos y talleres necesarios sobre el procedimiento de contrataciones públicas, dirigidos a todos los actores del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.
Ampliación sustancial del alcance institucional de la DGCP
Uno de los cambios más trascendentales de la nueva Ley de Contrataciones Pública es la ampliación sustancial de su alcance institucional. Según destaca el jurista Máximo Calzado Reyes, por primera vez, el régimen de compras públicas incorpora de forma explícita a los órganos del Poder Judicial y del Poder Legislativo cuando actúan en materia administrativa, los órganos constitucionales y autónomos, los fideicomisos públicos, las empresas estatales con participación pública superior al 50 %, y las corporaciones de derecho público que manejan fondos públicos.
El marco legal tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la contratación pública, mediante la determinación de los órganos, principios, procedimientos y reglas que le son aplicables, con la finalidad de garantizar una eficiente utilización de los fondos públicos y una mayor satisfacción de las necesidades de interés general y de los derechos fundamentales de las personas, al aplicar de manera transversal criterios que aseguren el desarrollo sostenible y fomenten el uso de la tecnología.
La norma fue sometida al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo y la exsenadora Faride Raful en el pasado cuatrienio, pero perimía, por lo que fue reintroducida en la Cámara Baja el 3 de marzo de 2025 por los diputados Franklin Ramírez, Dilenia A. Santos, Gabriela M. Abreu y María de los Ángeles Rodríguez.
Es parte de las sanciones de la legislación
La Ley 47-25 introduce mayores controles y un régimen sancionador más estricto que la legislación anterior (Ley 340-06). La pieza establece que la persona jurídica que resulte imputable de los delitos de esta ley, con independencia de la responsabilidad penal de los particulares actuantes, será sancionada con multa de 500 a 5,000 salarios mínimos del sector público y/o con la clausura definitiva de locales o establecimientos, “previa intervención de una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada”.
La reforma legislativa fue un reclamo de sectores que pedían fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado y exigían sanciones penales a aquellos procesos que resulten en irregularidades en las licitaciones.
Carlos Pimentel
“La Ley incorpora importantes novedades orientadas a fortalecer la transparencia, la integridad, la eficiencia y la modernización de los procesos”
