La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo tiene un arduo trabajo que hacer, con las decenas de leyes que vienen del Congreso Nacional en este último tramo de la legislatura y el plazo que otorga la Constitución de la República para decidir si promulgar u observar esas piezas.
Las legislaciones aprobadas por el Senado y la Cámara de Diputados van al órgano del Gobierno que dirige Antoliano Peralta con el riesgo de ser devueltas a la sede del primer Poder del Estado o atacadas ante al Tribunal Constitucional (TC), si no son refrendadas en armonía con la Carta Magna.
Frente a esta realidad, el Ejecutivo tiene el reto de revisar las leyes de forma exhaustiva, para no caer en inobservancias que salgan a relucir ante el TC, como ocurrió con la Ley que Crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); la de Facturación Electrónica; entre otras.
La Ley Orgánica del Ministerio de Justicia; de Contrataciones Públicas; y de Residuos Sólidos son parte del paquete de iniciativas que el Congreso Nacional aprobó entre la penúltima y última semana de esta legislatura y que estarían “en la cancha” del presidente de la República para ser conocidas. No obstante, tales piezas cruzaron por las cámaras parlamentarias entre las críticas de sectores y algunos legisladores.
La Ley Sustantiva establece en su artículo 102, que si el Poder Ejecutivo observa la ley que le fuere remitida, la devolverá a la cámara de donde procede en el término de 10 días, a contar de la fecha en que fue recibida. Si el asunto fue declarado de urgencia, hará sus observaciones en el término de cinco días a partir de ser recibida.
También indica, en el artículo 106, que cuando se envíe una ley al presidente de la República para su promulgación y el tiempo que falte para el término de la legislatura sea inferior al que se establece en el artículo 102 para observarla, seguirá abierta la legislatura para conocer de las observaciones, o se continuará el trámite en la legislatura siguiente sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 103.
Dicho articulado precisa que toda ley observada por el Ejecutivo al Congreso Nacional tiene un plazo de dos legislaturas ordinarias para decidirla, debido a que de lo contrario, se considerará aceptada la observación.
Ministerio de Justicia
La Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, que busca perfeccionar el trabajo de la Procuraduría General de la República, antes de su aprobación en la Cámara de Diputados, legisladores de la Fuerza del Pueblo, partido del cual es el senador Félix Bautista, uno de los dos proponentes de la pieza, presentaron un informe disidente, en el que señalaron que la norma legal choca con la Constitución en los artículos 166, 169, 170, 190 y 192.
La ley tiene el objetivo de crear y organizar la estructura y funciones del nuevo Ministerio de Justicia, para fortalecer el sistema de justicia en el país.
Residuos Sólidos y Contrataciones
El pasado miércoles, el Senado convirtió en ley el proyecto que reforma la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al introducir nuevas definiciones, atribuciones, la creación de un fideicomiso y un sistema de contribución especial. Sin embargo, la reforma generó un debate intenso y posturas divididas dentro del sector empresarial, con algunos que valoran los avances y otros que advierten sobre posibles efectos negativos significativos, especialmente para las mipymes.
Aunque no hay amenazas de inconstitucionalidad, el reclamo podría generar presión en el Poder Ejecutivo a la hora de conocer la pieza. Sobre la Ley de Contrataciones Públicas, hay quienes creen que tiene aspectos que chocan con la Carta Magna.
La reforma de la Ley 176-07, es una de ellas
El Poder Ejecutivo deberá también conocer la legislación que modifica los artículos 36, 64 y 81 de la Ley 176-07, para regular todo lo relativo a la sucesión de funcionarios municipales. El propósito de la ley, complemento de la Constitución de 2024, es establecer disposiciones más claras sobre la sucesión en los cargos de alcaldes, vicealcaldes, regidores, directores, suplentes de directores y vocales de las juntas de distritos municipales.
Otra iniciativa que, en caso de ser convertido en ley, será la que tendrá la mayor atención del país: la ley orgánica que instituye el Código Penal de la República Dominicana. Sectores tienen la intriga de si el presidente Luis Abinader promulgará o no el Código Penal sin las tres causales del aborto. La reforma legislativa fue observada por los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina, en los años 2006 y 2016, respectivamente, y las causales del aborto son la causa principal.
