El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó la fusión de expedientes del exsenador Rafael Calderón y Natividad Martínez Capellán con la acusación en el proceso penal por corrupción administrativa que se sigue contra Donald Guerrero y compartes.
Durante la primera audiencia para conocer el fondo, las juezas Arlin Ventura Jiménez (presidenta), Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, rechazaron la solicitud de reposición de plazos presentada por las barras de la defensa y fijaron la continuación del juicio para el próximo 2 de septiembre a las 9:00 de la mañana.
El pasado mes de mayo el Ministerio Público obtuvo apertura a juicio contra 35 de 40 acusados de corrupción en el expediente de la Operación Calamar, entre ellos, contra el exministro Ángel Donald Guerrero Ortiz, el abogado Ángel Lockward, el excontralor Daniel Omar de Jesús Camacho Santana, el exdirector del CEA Luis Miguel Piccirillo Mccabe, el director de Catastro Claudio Silver Peña, y el exdirector de Casinos Julián Omar Fernández Figueroa.
Mientras que fue apelado el auto de no ha lugar dictado en favor de los exministros José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo Terrero y otros 3 acusados en los que el tribunal entró en una errónea apreciación de varias pruebas.
Sobre el caso
El Ministerio Público acusa al grupo de defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos a través de una estructura de corrupción administrativa.
Entre los enviados a juicio, también, se encuentran: Princesa Alexandra García Medina, Luis Miguel Piccirilo, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Cabrera y Agustín Mejía Ávila. También, César Santana, Omar Miqui Arias, Claudio Silver Peña, Alejandro Constanzo Sosa, Juan Tomás Polanco Céspedes y Julián Omar Fernández Figueroa.
En el proceso el Ministerio Público solicitó al tribunal que todos los procesados fueran enviados a juicio por defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos de los contribuyentes.
Según el Ministerio Público los acusados integraban una estructura que desvió la indicada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
La estructura además sustrajo dinero de pagos de deudas a ministerios, implantó un esquema de sobornos sobre los juegos de azar que deben ser regulados por el Ministerio de Hacienda en estricto apego al marco jurídico.
El grupo es procesado por presuntamente incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos.
El Ministerio Público presentó 1,770 pruebas para sustentar la acusación contra 43 imputados, entre ellos 34 personas físicas y varias empresas presuntamente utilizadas en la estructura de corrupción que habría afectado a más de 500 víctimas.
En la Operación puesta en marcha el 18 de marzo de 2023 se realizaron 40 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana.
Los no ha lugar en favor de exministros
A finales de mayo de este año, la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción, dictó un auto de no ha lugar para los exministros José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, de Obras Públicas y Administrativo de la Presidencia, respectivamente, imputados en un caso de corrupción.
A Marcial Reyes, Rosa Arias Ruiz y Daniel Alberto Guerrero Mena también les dictaron auto de no ha lugar.
