El director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (Dgapp), Sigmund Freund, se reunió ayer con la Comisión de Hacienda del Senado, a la que le explicó la necesidad de la aprobación de la adenda No. 3 al contrato de fideicomiso Pro-Pedernales “con la mayor agilidad posible”, y tal como fue sancionada por la Cámara Baja.
La información la ofreció el propio funcionario, a su salida del Salón de Comisiones Pedro Francisco Bonó del Senado donde se realizó la reunión.
Freund detalló que en la pieza, propuesta por el Poder Ejecutivo, se incorporan los terrenos que van a ser aportadas al fideicomiso y que serán objeto de desarrollo del proyecto de Cabo Rojo, que son los 39 millones de metros cuadrados, los cuales se ha referido en otras ocasiones, así como de algunas excepciones fiscales que requiere el proyecto, “para una mejor operatividad del mismo”.
Las excepciones son típicas, según señaló, de las que tiene la Ley 158-01 (Ley Cofotur), sobre beneficios fiscales al invertir en la zona turística; y la Ley 12-21, de Desarrollo Fronterizo, en temas de impuestos de construcción, de propiedad de inmobiliaria, de ITBIS y de ganancia de capital.
Áreas protegidas
El titular de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas comentó que los grupos ambientalistas están de acuerdo con la modificación que se le hizo a la referida adenda en lo concerniente a las áreas protegidas.
“Lo que se estableció, como al final del día, es un área de terreno tan extensa, se van a hacer ahora unos trabajos previo a hacer el aporte, se van a tener unos trabajos de verificación y lo que se incluyó en la adenda es que si se identifica que hay algún área de terreno que pudiese entrar dentro del sistema de zona protegida será deslindado y devuelto al Estado dominicano”, expuso el representante del Gobierno.
