Santo Domingo. – La Cámara de Diputados recibió el proyecto de ley que busca aplazar por dos años la entrada en vigencia de las disposiciones del nuevo Código Penal sobre la responsabilidad penal de las empresas o personas jurídicas. La iniciativa, aprobada de urgencia por el Senado, llegó al órgano legislativo el sábado 31 de octubre.
El Senado aprobó la propuesta el pasado 21 de octubre, en dos sesiones consecutivas, y posteriormente la remitió a la Cámara de Diputados.
Ahora, los diputados disponen de un plazo limitado para conocer la pieza. Las disposiciones sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas están previstas para entrar en vigencia el próximo jueves 5 de noviembre.
¿Qué propone el proyecto sobre la responsabilidad penal de las empresas?
El senador Rafael Barón Duluc, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), presentó la iniciativa que busca modificar el artículo 31 de la Ley 44-26, del 27 de julio de 2026.
Esta normativa introdujo cambios a la Ley Orgánica 74-25, del 3 de agosto de 2025, que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana.
En concreto, el proyecto busca que los artículos 8, 9, 10 y 11 del Código Penal, relacionados con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Dichos artículos comiencen a aplicarse el 5 de noviembre de 2028, en lugar del 5 de noviembre de 2026.
La propuesta establece un plazo adicional de 24 meses para facilitar la adaptación de las empresas y de las instituciones encargadas de aplicar el nuevo marco penal.
El texto legislativo dispone que los artículos 8 y 11, modificados por la Ley 44-26, así como los artículos 9 y 10 de la Ley 74-25, entren en vigencia dos años después de la fecha originalmente establecida.
De aprobarse, la medida permitiría que las personas jurídicas cuenten con más tiempo para adecuar sus procedimientos internos a las exigencias del Código Penal.
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Cámara de Diputados tiene hasta el 4 de noviembre para decidir
El calendario legislativo representa uno de los principales desafíos para la aprobación de la iniciativa.
La Cámara de Diputados convocó una sesión para el martes 3 de noviembre, en San Cristóbal, cuando podría conocer el proyecto aprobado por el Senado.
Si los diputados sancionan la pieza sin modificaciones y completan las dos discusiones requeridas. El texto quedaría aprobado por el Congreso Nacional y sería remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o eventual observación.
Sin embargo, si la Cámara Baja introduce cambios, la iniciativa deberá regresar al Senado para que los legisladores conozcan las modificaciones.
En ese escenario, la sesión convocada por el Senado para el miércoles 4 de noviembre podría resultar determinante para completar el trámite legislativo antes de la fecha prevista para la entrada en vigencia de las disposiciones.
Proyecto llegó a Diputados diez días después de su aprobación
El Senado aprobó el proyecto el 21 de octubre y lo remitió al área de Auditoría Legislativa al día siguiente.
No obstante, su recepción en la Cámara de Diputados quedó registrada el sábado 31 de octubre, diez días después de la aprobación senatorial.
La llegada de la pieza se produjo un día después de que elCaribe publicara la información titulada «La responsabilidad penal de empresas a punto de entrar en vigor». Dicho artículo advertía que el proyecto todavía no había sido recibido por la Cámara Baja.
En ese momento, restaban seis días para la fecha establecida para la aplicación de los artículos relativos a la responsabilidad penal empresarial.
¿Qué pasará si el Congreso no aprueba la prórroga?
Si el proyecto no completa el proceso legislativo a tiempo y no entra en vigor una nueva disposición que modifique el calendario. Los artículos 8, 9, 10 y 11 del Código Penal comenzarían a aplicarse el 5 de noviembre de 2026, conforme al marco legal vigente.
Por el contrario, si la iniciativa es aprobada y promulgada oportunamente, la aplicación de estas disposiciones quedaría aplazada hasta el 5 de noviembre de 2028.
De esta manera, la sesión de la Cámara de Diputados prevista para el martes 3 de noviembre será clave para determinar el futuro inmediato de la responsabilidad penal de las empresas en República Dominicana.
