Santiago. Representantes de organismos internacionales y locales demandaron mayor transparencia presupuestaria, mientras el director de Presupuesto considera que satisfacer todas las demandas ciudadanas obligaría a priorizar los ingresos y asignación de recursos.

Los planteamientos fueron hechos durante el seminario “Transparencia presupuestaria, participación pública y control presupuestario en la República Dominicana”, promovido por la Fundación Solidaridad.

En la actividad, realizada en el hotel Gran Almirante, fue presentado además el informe de 17 naciones de América Latina sobre transparencia presupuestaria y que incluye a la República Dominicana. Según Luis Reyes Santos, director General de Presupuesto, el Gobierno destina en gastos social el nueve por ciento del producto interno bruto (PIB), que sería un 48 por ciento del presupuesto. El total de gastos del Gobierno equivale a un 17% del PIB , que este año es de 77 mil millones de dólares.

Buen manejo

“El tema de la participación ciudadana no puede verla sin tomar en consideración la restricción presupuestaria. El Gobierno no puede satisfacer todas las demandas ciudadanas y eso lo obliga a tener que priorizar la asignación de recursos para las obras que solicita la ciudadanía”, apuntó Reyes.

María José Eva, encargada de programas América Latina-Iniciativa de Presupuesto Abierto del International Budget Partnership, dijo que en el caso de la República Dominicana se logró mejorar la puntuación de 51 a 66 en las evaluaciones, pero se requiere mejorar aspectos como la vigilancia. En el encuentro participaron los legisladores Víctor D’Aza y Robinson Díaz, Oscar Díaz, consultor del PNUD para la Cámara de Cuentas, y Rafael Jovine, de OXFAM República Dominicana.

Creen se debe incentivar participación ciudadana

Juan Castillo, de la Fundación Solidaridad, planteó la necesidad de que el Congreso, el Ejecutivo y Cámara de Cuentas faciliten la participación ciudadana en los programas presupuestarios. Dijo que los presupuestos trasparentes y participativos pueden incrementar los recursos disponibles para combatir la pobreza, reducir los espacios de corrupción y gasto excesivo.

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