El Ministerio Público ejecutó ayer 37 allanamientos en distintas provincias y apresó a médicos y farmacéuticos
El Ministerio Público asestó un contundente golpe a la corrupción administrativa con el despliegue de la Operación Cobra 2.0-A, una amplia ofensiva que incluye 37 allanamientos y más de 28 arrestados, tras desmantelar un multimillonario entramado fraudulento que desvió fondos públicos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) a través de médicos, exempleados y particulares.
El monumental despliegue operativo incluyó 37 allanamientos simultáneos y la captura inmediata de al menos 28 personas en esta nueva fase. Con esto, las autoridades expandieron de forma drástica el alcance de la investigación matriz, denominada originalmente Operación Cobra.
El operativo impactó de manera directa los centros urbanos y provincias estratégicas como el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. La masiva ofensiva legal fue coordinada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), bajo la dirección de la procuradora de corte Mirna Ortiz, en estrecha articulación con la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho.
De este modo, el órgano persecutor ratificó la línea de tolerancia cero instruida por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, frente a las dinámicas del crimen organizado y la malversación de fondos públicos.
Al ser cuestionado por este caso, el presidente Luis Abinader sostuvo que su administración gubernamental no tolerará bajo ninguna circunstancia irregularidades que drenen los recursos destinados a la salud pública y a los afiliados de escasos recursos.
Abinader remarcó que el caso debe llegar hasta las últimas consecuencias sin importar los vínculos personales o políticos de los implicados, y reafirmó el principio que ha sostenido desde el inicio del expediente sobre no proteger a nadie y remitir las auditorías e irregularidades a la acción de la justicia.
“Todo el que haya cometido un acto ilegal será sometido a la justicia y que caiga todo el peso de la ley, y que sirva de advertencia de que, no importa quién sea, va a ser sometido a la justicia”, dijo Abinader.
Perjuicio por más de RD$41 millones
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional emitió la autorización de allanamiento y secuestro No. 2026-AJ0080347, tras acoger la solicitud presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en el marco de una investigación que destapó una compleja estructura criminal organizada para defraudar al Estado dominicano a través del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Según el expediente, el entramado estaba integrado por empleados de la institución, médicos, empresarios y particulares, quienes durante varios años ejecutaron maniobras fraudulentas que derivaron en pérdidas millonarias para el sistema de seguridad social.
La investigación revela que entre enero de 2021 y septiembre de 2024 se realizaron más de 4,300 autorizaciones médicas falsas, utilizando datos personales de afiliados que nunca solicitaron ni recibieron los servicios, lo que generó un perjuicio superior a los RD$41 millones.
El principal imputado, Ángel Luis Guzmán Vásquez, exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de SeNaSa, habría utilizado su posición y conocimiento de los protocolos internos para manipular el sistema de autorizaciones, valiéndose de familiares y allegados, así como de médicos que prestaban sus códigos profesionales para legitimar reclamaciones inexistentes.
Las llamadas al call center de SeNaSa, realizadas desde números telefónicos vinculados a Guzmán y sus parientes, eran el punto de partida de un esquema que culminaba con la emisión de autorizaciones, la facturación de procedimientos médicos falsos y el pago de fondos públicos a prestadores de servicios de salud, quienes posteriormente devolvían entre un 40% y un 60% de los montos cobrados al grupo criminal.
El Ministerio Público documentó testimonios de afiliados que negaron haber recibido servicios, desconocieron las firmas en formularios y aseguraron que en las fechas de las supuestas consultas se encontraban en sus trabajos, hogares o incluso fuera del país, lo que confirma la falsificación de documentos y la suplantación de identidad.
Peritajes caligráficos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) corroboraron que las firmas en múltiples formularios no correspondían a las de los afiliados, evidenciando el modus operandi de la red.
Tienen orden de arresto
Entre los vinculados figuran Ángel Luis Guzmán Vásquez, señalado como cabecilla de la estructura y exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de la institución; su hermano Angeury Guzmán Vásquez; su esposa Adonay María Carrasco Heredia; así como Milagros Vásquez Gálvez y Ángel Guzmán Patricio, todos vinculados en las maniobras fraudulentas. También aparecen en la orden Ana Bélgica Arias Caro y Evelin María Vásquez de González, titulares de números telefónicos con los que se realizaron falsas autorizaciones médicas.
La investigación del Ministerio Público señala además la participación activa de médicos como Adriano Hernández López, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Laura Altagracia Santana Evangelista, Rafael Mauricio Cabral González, Einstein Rafael Borrome Valdez, Wellington Aristides Ledesma Cáceres, Yocaira Antonia Méndez Beltré de Medina, Steven Alexander Rabssa Fernández y Eulalia Fiordaliza Castro López, quienes aparecen vinculados mediante transacciones financieras y reclamaciones médicas falsas.
La investigación también determinó que el grupo seleccionaba estratégicamente perfiles de afiliados con baja interacción institucional para reducir el riesgo de detección, y que operaba bajo una división clara de roles, con empleados internos que accedían a bases de datos, médicos que falsifican diagnósticos y reclamaciones, y gestores financieros que aseguran la distribución de los beneficios ilícitos. El expediente detalla que la estructura criminal afectó a miles de afiliados, incluidos pensionados, trabajadores informales y personas en condiciones de vulnerabilidad, lo que constituye una grave violación al derecho constitucional a la salud y un atentado contra la confianza pública en el sistema de seguridad social.
La primera fase
La primera fase de la Operación Cobra, iniciada en diciembre de 2025 por la Pepca, reveló un desfalco al Estado dominicano que inicialmente se estimó en más de 15,000 millones de pesos y posteriormente superó los 19,000 millones.
Este fraude se llevó a cabo mediante la adulteración de estados contables, sobornos multimillonarios a distribuidoras y la implementación de programas especiales ilegales para desviar fondos.
Como consecuencia, se impusieron 18 meses de prisión preventiva al exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, señalado como cabecilla de la red, y a otros exfuncionarios e implicados en el sonado caso de corrupción, como Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella, Ángel Luis Guzmán Vásquez.
CMD pide respetar la presunción de inocencia
El Colegio Médico Dominicano (CMD) informó que dará seguimiento a la nueva fase del caso SeNaSa y señaló que todavía desconoce los nombres y la cantidad de médicos que estarían involucrados.
El presidente del gremio, Luis Alberto Peña Núñez, explicó durante una rueda de prensa que esperarán a que el Ministerio Público deposite formalmente el expediente para conocer las acusaciones correspondientes.
“Nosotros no tenemos todavía los nombres de ninguno, porque el Ministerio Público no los ha depositado”, afirmó Peña Núñez al ser consultado sobre las versiones que sitúan entre 30 y 33 la cantidad de personas investigadas. El titular del CMD enfatizó la necesidad de respetar la presunción de inocencia y advirtió sobre el impacto de realizar señalamientos antes de que un tribunal determine responsabilidades.
“Todos los imputados son inocentes hasta que se demuestre en sede de justicia su culpabilidad”, sostuvo.
Peña Núñez explicó que la divulgación anticipada de nombres o imágenes genera una condena social antes de que los investigados puedan responder ante los tribunales.
Sin embargo, aclaró que la postura del gremio no constituye una defensa a posibles irregularidades.
En ese sentido, el CMD reiteró que respeta la independencia de la justicia y que no respalda, promueve ni ampara violaciones a las leyes.
