Fiscal dice tiene caso firme contra cura

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La Vega. A la magistrada Aura Luz García, fiscal titular del distrito judicial de La Vega, le ha tocado asumir dos casos importantes contra sacerdotes, ambos acusados de agresiones sexuales a menores.

En el primero, contra el sacerdote polaco Alberto Gil, fue destapado en mayo del 2013. Dos años después, en el 2015 logró una condena por agresión sexual, cometida por el religioso contra tres menores en la comunidad del distrito municipal de Juncalito del municipio de Jánico en Santiago.

La sentencia fue de apenas siete años de prisión dictada por un tribunal de Wolomin (Varsovia) contra Gil, a pesar de las pruebas presentadas ante los tribunales polacos.

Además, como condena civil, el cura fue conminado a pagar como indemnización la suma de 155.000 mil Zloty, moneda de curso legal en Polonia, pese a que en principio la suma era mayor.

Caso sacerdote

El segundo caso, se trata del cura de la orden agustiniana Miguel Bienvenido Florenzán Ulloa, quien fue llevado a los tribunales dominicanos por presuntamente agredir sexualmente a estudiantes en el colegio donde ejerció como director.

Actualmente el proceso se encuentra en la etapa preliminar y la fiscal titular cree que existen elementos sobrados para que se dicte apertura a juicio.

La magistrada García espera que con las pruebas presentadas ante los jueces veganos, se pueda lograr una sanción ejemplar similar a la ocurrida contra Gil.

“Tenemos un caso firme y pruebas contundentes. Con una sola víctima es suficientes. Como ministerio público nos hemos empeñado en hacer una investigación exhaustiva para lograr una condena”, apunta García. El tribunal de apelación que ha tenido varios aplazamientos, contempla fallar sobre de recusación contra los jueces.

Caso está en fase de audiencia peliminar

Con el caso del padre Alberto, la magistrada se desempeñó como fiscal interina en Santiago. En el de Marizán Ulloa, lo encontró avanzado por la entonces titular Isabel Reyes. Aunque supuestamente en las primeras pesquisas pasaban de una docena de víctimas, el actual ministerio público solo cuenta con uno y es Víctor Mañón quien se encuentra residencio fuera del país.

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