Moca .-Con un enciendo de velas y una vigilia, familiares, amigos y representantes de organización populares de la parte baja de Moca en la provincia Espaillat protestaron por la muerte a tiros del agrónomo Octavio Guaba y las heridas a su esposa Marianela Caraballo.

 Los manifestantes reclaman que sea investigado el fiscal actuante y los policías durante el allanamiento producido a las 3:30 de la madrugada y aseguran que el hecho donde murió Guaba, de 57 años de edad, se trató de un asesinato. 

El activista social Juan Comprés, del movimiento Los Peregrinos de Moca acusa a las autoridades de actuar de forma criminal. 

En la comunidad asegura que el agrónomo y agricultor Octavio Guaba era un hombre honesto y aseguran que las autoridades no hallaron ningún arma durante el allanamiento registrado en la comunidad La U de San Francisco Abajo, del distrito municipal de Canca la Reina. Su esposa fue impactada de cuatro disparos.

También Osvaldo Brito, vocero del Frente de Lucha Unión y Progreso (FLUP)  demandó esclarecer el hecho de sangre.     Durante el velatorio de Guaba, la familia vociferan «policía nacional, una banda criminal». 

Se cree que en principio las autoridades buscaban a un hijo de la víctima que fue apresado pero en otro allanamiento.

Califican como un abuso el apresamiento  de Sixto Rosario, un obrero padrastro de otro que era buscado por las autoridades.

El pasado viernes un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción aplazó para la próximo semana la solicitud de medida de coerción contra nueve integrantes de una supuesta estructura criminal que se dedicaba al tráfico armas de fuego.

Los abogados de la defensa piden conocer el expediente. El Ministerio Público solicita prisión preventiva y declarar el caso complejo.    

Durante allanamientos simultáneos en los municipios Licey al Medio, en Santiago, y la parte baja de Moca, en Espaillat, fueron detenidos Hornandys Emmanuel Cruz Almonte, Samuel Ramón Guaba Caraballo, Sixto Rosario, Rosalba María Estrella, César Emilio Toribio Vázquez, Marcos Diplán Diplán, Jayro Diplán Guzmán, Félix Francisco Vázquez Peralta y Valentín de Jesús Caraballo Guzmán, quienes comercializaban ilegalmente armas de fuego de alto calibre y automáticas, luego de adquirirlas en Estados Unidos e introducirlas al país de contrabando, a través de las compañías de envío o Shipping. 

Esta nueva operación contra la criminalidad se ha estado desarrollando desde hace más de un año a través de múltiples estrategias e inteligencia que incluyeron la vigilancia física y electrónica, el rastreo y análisis de audios de interceptación de llamadas, entre otras diligencias. 

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