Durante los últimos años, el sector empresarial dominicano ha expresado públicamente su preocupación ante dos desarrollos en el ámbito micro y macroeconómico nacional, que merecen ser ponderados con objetividad: la creciente participación del Estado como empresario en el sector eléctrico y el aumento de la deuda del sector público consolidado.
Son preocupaciones válidas y mal haría el Gobierno si no las percibiese como lo que son: críticas constructivas a las que debemos todos prestarle la atención debida. Es cierto, el Estado ha ido elevando su participación en el sector eléctrico, una tendencia contraria a la que se acordó el 24 de junio de 1997 con la promulgación de la Ley General de Reforma de la Empresa Pública. El Estado controla hoy el 100% de la generación hidroeléctrica, la transmisión y la distribución. Controla más del 50% en la generación capitalizada. Y a partir del 2018, cuando entre en operación Punta Catalina (PC), será el propietario absoluto de la generadora más grande e importante del país.
También es cierto que la deuda pública ha venido aumentando a un ritmo que, de no modificarse, podría eventualmente colocarla en una trayectoria de insostenibilidad. Una deuda pública consolidada (bruta) de 49% del PIB en un país con una presión tributaria de apenas 14%, no puede dejarnos indiferentes. Para nadie es un secreto que el sector eléctrico ha sido una fuente importante de generación de deuda pública. El ejemplo más reciente fue la aprobación del Congreso Nacional, a final del 2016, de una ley que autoriza al Ministerio de Hacienda a emitir hasta US$600 millones en bonos para sustituir el financiamiento de US$656 millones que el BNDES de Brasil no ha podido desembolsar a PC.
Nuestros empresarios no son los únicos preocupados frente estos dos desarrollos. Igual preocupación tienen la mayoría de los economistas y analistas del país, y las misiones de los organismos internacionales de financiamiento que periódicamente nos visitan para realizar evaluaciones macroeconómicas y sectoriales. La verdad es que el Estado dominicano no está en capacidad de sostener la elevadísima participación que tiene en el sector eléctrico, participación que aumentará cuando PC entre en operación. Es cierto que el Presidente Medina, en varias ocasiones, ha indicado que el interés de su Gobierno no es aumentar la presencia del Estado en el sector eléctrico sino producir un cambio significativo en la matriz de generación que abarate el costo promedio de generación. Por eso se decidió a ejecutar PC. Incluso ha planteado que el Gobierno tiene interés de recibir propuestas de potenciales inversionistas privados que deseen participar en la base accionaria de la EGE Punta Catalina que se constituiría para viabilizar esta participación.
La realidad es, sin embargo, que hasta tanto las firmas que ejecutan ese proyecto no realicen las pruebas de funcionamiento de dichas plantas y se estructure el contrato de compra de energía de largo plazo que las EDES firmarían con EGE Punta Catalina, difícilmente encontraremos inversionistas privados dispuestos a invertir en esa empresa.
El Gobierno dominicano, sin embargo, tiene otras opciones realistas para abordar las dos preocupaciones de nuestros empresarios. Podría someter un proyecto de Ley al Congreso para autorizar al Poder Ejecutivo a vender las acciones que tiene el Estado en las generadoras capitalizadas EGE Haina y EGE Itabo.
En el caso de EGE Haina, el Estado es dueño del 62.5% de las acciones (49.994% a través del Fonper y 12.5% a través del Banco Central). Incluso se disponen de estudios precisos sobre el valor de las mismas. Hagamos un alto para explicar el origen de la participación del Banco Central (BC) en esa empresa. El 9 de septiembre de 2010 el BC, la Superintendencia de Bancos y los accionistas de Bancrédito, firmaron un Acuerdo Transaccional (AT) mediante el cual recibieron activos y un pagaré notarial de los accionistas de Bancrédito por RD$10,306.5 millones para conciliar la deuda que este mantenía como resultado de los créditos otorgados por el BC en años anteriores.
Las facilidades otorgadas a Bancrédito a septiembre del 2009 ascendían a RD$22,731.4 millones. Dado que el BC había recuperado RD$4,961.5 millones antes del AT, el saldo pendiente de las facilidades otorgadas ascendía a RD$17,769.9 millones. El BC otorgó a las accionistas de Bancrédito un descuento de 42% sobre el balance adeudado y decidió no asentar ni cobrar los intereses generados durante el período transcurrido desde el financiamiento de emergencia hasta la firma del AT. Todo esto representó una pérdida para el BC y un alivio financiero para los accionistas del Grupo Financiero Nacional-Bancrédito ascendente a RD$7,463.4 millones. El balance total adeudado por el Grupo Financiero Nacional-Bancrédito al BC, luego de las concesiones otorgadas, ascendía a RD$10,306.5 millones.
El AT estableció que el Grupo Financiero Nacional-Bancrédito pagaría ese balance con la entrega de efectivo por RD$63.5 millones; la entrega de acciones de Grupo Financiero Nacional en varias empresas (Haina Investment Company o HIC -el vehículo de inversión que los accionistas privados utilizaron para capitalizar a EGE Haina-; Zona Franca San Isidro; Omnimedia y otras) por RD$6,566.5 millones; y emitiendo una deuda solidaria con garantía tangible con gracia de 2 años y tasa de interés asociada a LIBOR por RD$3,676.5 millones, pagadera en 9 años a partir de 2013 y con pago final el 30 de diciembre de 2022.
En sus estados financieros auditados, el BC establece que “el valor razonable de las acciones de HIC fue determinado en base a un promedio simple de dos (2) valoraciones realizadas por expertos externos: una realizada utilizando el método de valoración de flujos de efectivo de caja libre proyectados desde el año 2008 hasta el 2018, descontado a una tasa ajustada por un índice de riesgo y la otra fue realizada utilizando el método de múltiplos.” Cuando esas acciones fueron recibidas por el BC el 9 de septiembre del 2010, la tasa de cambio promedio de compra y venta en las entidades financieras era de RD$36.97 por dólar. El BC recibió las acciones de HIC por un valor de RD$3,948.8 millones (US$106.8 millones). Dado que esas acciones representaban el 12.5% del total de las acciones de EGE Haina, se determinó que en ese momento el 100% de las acciones de EGE Haina valían US$854.4 millones. Claro, en dólares de esa fecha. Si se mide en dólares de enero del 2017, el valor total de las acciones de EGE Haina sería de US$952 millones. En los años 2004-2009 que antecedieron el proceso de valoración de las acciones de EGE Haina, la empresa había exhibido un beneficio anual promedio, después de impuesto, de US$14.4 millones.
Dado que el Estado posee directa e indirectamente el 62.5% de las acciones de EGE Haina, la venta de esas acciones, le reportaría unos US$595 millones. Es importante que esas acciones sean ofrecidas a los actuales accionistas privados por ellos tienen la primera opción de compra. La venta a los actuales accionistas privados sería lo ideal pues de esa manera evitaríamos el impasse que se produciría cuando un nuevo comprador privado de las acciones del Estado, descubra que este último apenas tenía un representante de cinco en el Consejo de Administración de la empresa. Si quienes comprasen fuesen los actuales accionistas privados, ese impasse no se produciría: tendrían cinco de cinco.
En el caso de EGE Itabo, empresa en la cual el Estado posee el 49.97% de las acciones, utilizando las informaciones de dividendos percibidos por el Fonper durante los últimos años, se estima que el valor del mercado de las acciones de EGE Itabo es de aproximadamente US$408 millones, en cuyo caso, el Gobierno podría recibir US$204 millones.
En total, la venta de las acciones del Estado en ambas empresas generadoras capitalizadas generarían ingresos por US$799 millones. De ese monto, US$600 millones se utilizarían para reducir la deuda pública y los restantes US$199 millones para invertirlos en la distribución de electricidad, con el objetivo de reducir las pérdidas del 31.4% de la energía comprada y no facturada por la EDES.
Estoy seguro que el CONEP, la AIRD, ANJE y ADIE respaldarían sin reservas al Gobierno si este decidiese vender sus acciones en las EGE Haina e Itabo y asignase los recursos que obtendría para acelerar la terminación de PC e invertir en la reducción de las pérdidas en la distribución. Terminada PC, se iniciaría el proceso para licitar internacionalmente la venta a inversionistas privados del 50% o más de las acciones de EGE Punta Catalina. Presionemos todos para que el Estado salga ya de EGE Haina y EGE Itabo.
