La normativa busca obligar a las entidades de intermediación financiera a retener el 1% de los intereses que perciben las empresas por sus depósitos bancarios.
La ABA explicó que esa disposición de la Dirección General de Impuestos (DGII), que pretende ser puesta en marcha a partir del próximo 1 de octubre, constituye una violación de los derechos fundamentales de las entidades de intermediación financiera al debido proceso administrativo, la legalidad, la seguridad jurídica y la razonabilidad.
El recurso es suscrito, además de los bancos que integran a la ABA, por la Liga de Asociaciones de Ahorros y Préstamos. Los accionantes son los bancos Santa Cruz, Popular, BHD, BDI, Citibank, Bancamérica, Caribe, del Progreso, Promérica, López de Haro, León, Banesco, Vimenca y Scotiabank.
Mientras que las entidades mutualistas son las asociaciones La Nacional, La Vega Real, Popular, Mocana, Bonao, Duarte, Romana y Peravia.
“La entrada en vigencia de esta norma llevaría a la manifiesta ilegalidad a todas las entidades de intermediación financiera que componen el sistema financiero dominicano, y con ello pondría en riesgo toda la banca dominicana y la seguridad financiera y económica de la Nación”, sostiene la acción de amparo presentada a través de los abogados Eduardo Jorge Prats, Ovadis Marmolejos, Manuel Valerio Jiminián y César Joel Peña.
