En un comunicado suscrito por su Consejo de Pasados Presidentes, la AEIH advirtió que en ningún caso apoya exenciones fiscales sobre rentas, ganancias, utilidades o para actividades que no tengan un impacto medible en la creación de riquezas para los agentes económicos.
“Todo el que genere beneficios debe pagar impuestos. Eso no afecta la competitividad, pues las utilidades son un resultado y el Estado necesita cobrar los impuestos derivados de ellas”, apuntaron los ex presidentes de la AEIH, Antonio Isa Conde, César Nicolás Penson, Ernesto Vilalta, Ignacio Méndez, Jesús Moreno y Manuel Cabrera.
Plantearon la necesidad de que el Gobierno revise periódicamente los incentivos fiscales –la mayoría concedidos mediante leyes- para determinar si en verdad cumplen los objetivos para los cuales fueron creados, pues la política fiscal debe ser un instrumento de desarrollo.
“Si bien tenemos que revisar los incentivos fiscales sobre la base de una lógica costo-beneficio, hay que tomar en cuenta que estamos ante una economía abierta y habría que evitar que la política fiscal saque de ventaja a las empresas locales”, apuntaron los dirigentes empresariales.
Deploraron que, con frecuencia, se vende la idea de que los incentivos fiscales van dirigidos exclusivamente a las empresas cuando la realidad ha demostrado que más del 60% del gasto fiscal se realiza a favor de la población mediante las exenciones tributarias para alimentos, educación, salud y otros bienes y servicios de impacto social.
Los dirigentes empresariales platearon que –además de adecuar los incentivos fiscales a la realidad de la economía- una política fiscal no se sustenta si el gasto público no se ejecuta en base a un plan de desarrollo que garantice su priorización.
El pasado miércoles el ministro de Hacienda, Daniel Toribio, en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio, dijo que favorece una reforma fiscal integral, basada en menor evasión fiscal y en menores incentivos fiscales y rigidez del gasto.
