AIRD dice que proyecto de ley frena industrias

De aprobarse el proyecto de ley que impone un 20 por ciento de impuestos a todas las bebidas gaseosas, edulcoradas y energizantes, se frenaría el crecimiento de esa industria en la República Dominicana.

De aprobarse el proyecto de ley que impone un 20 por ciento de impuestos a todas las bebidas gaseosas, edulcoradas y energizantes, se frenaría el crecimiento de esa industria en la República Dominicana.La consideración es de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) quienes participaron de una reunión junto a la Comisión Permanente de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados que estudia el referido proyecto de ley.

La pieza, autoría del diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Juan Carlos Quiñones, busca gravar el producto con un 20 %, limitar los envases a 20 onzas y desincentivar su consumo, amparada en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Pérdidas

La vicepresidenta ejecutiva de la AIRD Circe Almánzar Melgen, en una carta dirigida al congresista José Ulises Rodríguez, presidente de dicha comisión, dijo que la pieza ocasionaría grandes pérdidas, disminución en la inversión y de empleos en el país.
“Como evidencia de esto, está el cierre de 30 mil tiendas y la pérdida de más de 3,500 empleos directos en la industria que produjo una iniciativa similar en México”, señaló en la misiva.

La ejecutiva, en representación de las industrias de producción de bebidas de ese tipo en el país, consideró que de aprobarse, la pieza tendría un impacto muy lesivo en toda la cadena de valor de bebidas, compuesta por productos agrícolas, envases plásticos y de cartón, empaque, cajas y embalajes, etiquetas, así como a los servicios de imprenta, transporte y publicidad.

El proyecto de ley además prohíbe a las empresas productoras de bebidas gaseosas presentar comerciales de bebidas azucaradas cuando la audiencia infantil, en ese caso la televisión, supere el 35%.

La iniciativa fue introducida el pasado 26 de noviembre ante la Cámara de Diputados, que lo remitió a estudio ante la Comisión de Hacienda y la de Industria y Comercio.

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