SANTIAGO, Chile (AP) — Amnistía Internacional demandó el jueves del Estado chileno protección total para una niña de 11 años embarazada de 14 semanas tras ser violada por su padrastro, y poner a su disposición diversas alternativas, incluso el aborto, en un país donde dicha práctica está penalizada con cárcel.
Esta semana se conoció el caso de una menor de 13 años, violada por años por su padre, hoy tiene un niño de nueve meses.
El aborto terapéutico existió en Chile hasta fines de 1989, cuando la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), lo penalizó a sólo unos meses de devolver el poder a los civiles, y varios intentos por reponerlo han fracasado en el Congreso por la oposición de la derecha oficialista.
La niña, actualmente bajo el cuidado de su abuela, y entrevistada por Canal 13 de televisión dijo recientemente que quiere tener a su hijo o hija: «Va a ser como una muñeca tenerla en mis brazos».
Amnistía Internacional difundió un comunicado que indica que el Estado debe entregarle todo «el apoyo sicológico y médico que necesita, y poner a (su) disposición todas las opciones en relación con el embarazo, incluyendo servicios seguros de aborto».
El organismo internacional recordó que Chile «es uno de sólo unos pocos países en el mundo que criminaliza el aborto en todas las circunstancias».
«Esto significa que las niñas que están embarazadas como consecuencia de una violación, o cuando el embarazo amenaza su vida o su salud, están obligadas a continuar con sus embarazos, independientemente de los riesgos. La criminalización del aborto constituye una brecha del derecho internacional de los derechos humanos».
Luego del debate que se abrió en el país por el caso de la niña y la ola de propuestas para despenalizar el aborto terapéutico y en casos de violación, una madre se atrevió esta semana a contar lo que sucedido a su hija de 13 años: fue violada durante años por su padre y hoy tiene un niño de nueve meses.
La madre, de nombre María, entrevistada por Canal 7 dijo que el padre siempre decía que «nunca nadie se la iba a tocar» y que jamás imaginó lo que estaba sucediendo bajo el frágil techo de su casucha de madera, en un pueblo del sur. «Yo le creo a mi hija», enfatizó.
La madre de la niña de 11 años, por el contrario, la abandonó y dijo a la prensa que su pareja no la violó, que el sujeto y su hija tuvieron relaciones sexuales «consentidas».
El esposo de María, Germaín Leiva, se presentó en los tribunales el jueves, donde le informaron que será sometido a un juicio oral en un mes más, pero la jueza lo dejó en libertad hasta el comienzo del proceso.
«Yo no sé por qué, lo único que quiero es reparar todo este daño», dijo a la prensa, que lo acosaba en los pasillos de los tribunales. Sin embargo añadió que «no la ataqué, nunca jamás la he atacado», agregó Leiva, que sólo estuvo tres meses preso.
El gobierno del presidente Sebastián Piñera se opone tajantemente al aborto, al igual que los dos partidos de su coalición derechista. El mandatario instruyó a su ministro de Salud para que se preocupe personalmente «por cuidar la salud de la niña».
El mandatario agregó que cuando la menor cumpla 22 semanas de gestación, «si fuese necesario tener un nacimiento prematuro, se tendrá que realizar esa terapia, porque en nuestro país la vida de la madre está siempre en el primer lugar».
Amnistía Internacional agregó que «el Estado chileno es responsable de otorgarle todo el apoyo necesario, mientras lidia con las horrendas consecuencias físicas y sicológicas de haber sido violada, y haber quedado embarazada como resultado».
«Su vida, salud, esperanzas y sueños están todas en las manos de las autoridades», dijo en la nota Guadalupe Marengo, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
