La República Dominicana y haití tienen una cita pautada para el martes 7. Ese encuentro hace tiempo que debió efectuarse, mucho antes de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiera la sentencia 168-13. Pero la vida y las circunstancias han determinado que fuese bajo el influjo de la misma. Es la fuerza de la historia, que suele tener un sentido, y los hechos no se materializan hasta que las condiciones no estén dadas.
Inescrutables razones imposibilitaban esta reunión centrada en el intercambio comercial, medioambiente, migración, salud y habitabilidad en la isla. Era necesario que se desatara un resorte que diera un tono dramático a las relaciones entre los dos países.
La sentencia del TC desató los demonios. La reacción del Estado haitiano ha sido excesiva. Su intervención en los asuntos dominicanos fue estimulada por la incomprensión de un segmento de la sociedad dominicana y vacilaciones de algunos entes de poder. Ciertos amigos de Haití igual han estimulado su soberbia. Se han ido muy lejos.
El diálogo postergado que se tratará de construir en Juana Méndez puede ser el principio de una nueva fase de la relación domínico-haitiana, pero el Estado nacional no puede acudir allá derrotado de antemano. No puede acudir tampoco bajo una presión envuelta en una solidaridad gestionada en favor de la contraparte, inflada de un apoyo moral de variopintos Estados.
Haitianos y dominicanos deben sentarse a dialogar de igual a igual. Dos Estados soberanos, que se respetan mutuamente, caracterizados por sistemas institucionales firmes, que no requieren tutelaje ni fideicomiso internacional. Al menos, ese es el sentimiento del vilipendiado pueblo dominicano.
La comisión dominicana ha dicho que no está en juego la autoridad consagrada a los órganos y poderes establecidos en nuestra Constitución, que dialogará “con dignidad, respeto y con la frente en alto, defendiendo siempre el interés nacional”.
De todas formas, esa reunión será exploratoria. Servirá para establecer el marco y las bases para futuros acuerdos, serios y duraderos. Deben definirse prerrequisitos, niveles y tipos de ratificación que entrañen esos acuerdos, para que no se repita la historia de tratados firmados pero de incierta aplicación.
