El Tribunal Constitucional (TC)acogió parcialmente una acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES) y la Asociación de Hoteles de Santo Domingo (AHSD).
Al acoger la acción contra la ordenanza número 4/2010, dictada por el Concejo Municipal del Ayuntamiento del Distrito Nacional en diciembre de 2010, por violación a los artículos 73, 200 y 243 de la Constitución, el TC anula una disposición del Concejo Municipal del Ayuntamiento del Distrito Nacional, que impone sanciones económicas por construcciones de obras y uso de suelo y de espacios sin los permisos correspondientes de la Dirección General de Planeamiento Urbano (DGPU).
La disposición del Concejo sanciona con el pago de tarifas que van desde RD$250 hasta RD$300,000 por iniciar construcciones sin los permisos correspondientes de la DGPU, cambio del uso de suelo aprobado y construcción de niveles adicionales a lo aprobado.
El tribunal consideró que se trata del establecimiento de una sanción bajo el velo de un tributo, que escapa de las atribuciones delegadas por la Constitución y la Ley 176-07 a los ayuntamientos en materia tributaria y financiera.
