El exmiembro del Consejo del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, rehusó someterse a un interrogatorio en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).Laura Guerrero Pelletier, directora de la institución, suspendió el interrogatorio que le haría al imputado por soborno y corrupción porque este no acudió con su abogado y porque este le manifestó que no emitiría declaraciones ante el órgano investigador.
“Él ha dicho que no está en la disposición de suministrar sus declaraciones ante el Ministerio Público, sino que lo hará ya en su oportunidad en caso de que sea necesario, ante el tribunal”, expresó Guerrero Pelletier.“Hizo uso de su derecho al silencio. Esté presente o no esté presente su abogado, él va a dar sus declaraciones, en el caso de que sea necesario, ante un tribunal”, agregó.
La Pepca interrogó el día anterior a la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré, quien fue enviada a prisión por tres meses junto a Arias Valera por alegadamente haber recibido de él 350 mil pesos como adelanto para dejar en libertad al regidor por Pedro Brand Erinson de los Santos Solís, acusado de sicariato y lavado de activos.
Reyes Beltré rehusó responder las preguntas que le hicieron durante el interrogatorio.
Su abogado, Tomás Castro, denunció que a ella en la cárcel Najayo Mujeres le están suministrando una droga o medicamento que podría llevarla al suicidio.
La directora de la Pepca dijo que los interrogatorios son parte del proceso de investigación que le siguen a ambos acusados de lavado de activos, soborno, corrupción y asociación de malhechores en el ejercicio de sus funciones.
Destacó que los hallazgos en el proceso son graves y que los imputados podrían enfrentarse a la pena máximo para este tipo de delitos, 20 años de prisión.
El 20 conocerán recurso de apelación a la prisión
La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fijó para el 20 de este mes el conocimiento de los recursos de apelación interpuestos por la suspendida jueza y el exconsejero judicial, con el cual buscan que les varíen la prisión preventiva que le impuso el juez Ramón Horacio González Pérez, por presentación periódica y pago de una garantía económica.
