Luego de años de regímenes democráticos y de haber creado una diversidad de instituciones para garantizar la existencia de un Estado de Derecho, cabe preguntarse si realmente el mismo existe ya que la ley no es igual para todos en nuestro país.
Si bien tenemos tantas instituciones que sería prolijo enumerarlas, son pocas las que han cumplido con sus misiones, pues se han convertido en centros para repartir el botín político. Y es que las instituciones no son distintas de las personas que las conforman. No importa cuán nobles sean sus misiones, si sus miembros son electos a conveniencia para responder a la medida de las necesidades de quienes los designan, de nada sirven.
El Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) es un vivo ejemplo de esto. En sus 15 años prácticamente nada ha hecho por perseguirla, precisamente porque sus superiores no tienen ningún interés en que se haga.
Francisco Domínguez Brito, desde su nueva posición de Procurador General, ha demostrado nuevamente que el problema no son las instituciones, sino las personas que están al frente de las mismas. En un acto de responsabilidad y valentía solicitó a la juez presidente y demás jueces de la Cámara Penal de la Suprema Corte la revocación del auto dictado por el todavía director del DPCA ordenando el archivo del expediente del senador por San Juan de la Maguana, Félix Bautista, en ocasión de la denuncia de actos de corrupción efectuada por la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco).
El referido auto retrata de cuerpo completo cómo se manejan las cosas en este país. No sólo se dictó casi al expirar el pasado gobierno, el 13 de agosto de 2012, sino que en sus más de 90 páginas se tomaron el cuidado de rechazar una por una todas las denuncias no sólo de la denunciante Adocco, sino también las expuestas públicamente por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y Nuria Piera; como una forma de borrar de un solo cuajo todo el accionar del denunciado al ordenar “archivar de manera definitiva, con todas sus consecuencias, el proceso de investigación”.
Esto ha desatado un debate jurídico sobre si prevaricó o no el director del DPCA al establecer en su auto que los hechos denunciados no constituían una infracción penal, excusa tomada para pretender que apliquen las disposiciones del artículo 281 del Código Procesal Penal que señalan que en esos casos el archivo extingue la acción penal.
No es de sorprender que el senador de San Juan de la Maguana diga que duerme tranquilo, cualquiera lo haría descansando no solo sobre una inmunidad parlamentaria, sino bajo el manto protector de un auto diseñado para extinguir la acción penal en su contra sobre todo lo que se pueda imaginar. La que no puede dormir tranquila es esta sociedad y mantenerse en vilo para defender los hálitos de esperanza que todavía tiene como es la revocación del ominoso auto de archivo y exigir que este caso se juzgue bajo el rigor de la ley y no se sepulte gracias a la complacencia política.
