Atentado a la salud colectiva

Cada vez resulta más que evidente que las instituciones llamadas a velar por la salud y la calidad de vida de los dominicanos tienen que centrarse…

Cada vez resulta más que evidente que las instituciones llamadas a velar por la salud y la calidad de vida de los dominicanos tienen que centrarse en asuntos muy sencillos, pero de mucho valor, a los cuales no se les presta atención y persisten como parte de la cotidianidad. Tienen que ver con las cosas que comemos y bebemos cada día y los demás insumos que tienen que ver con nuestra salud.

Una mirada retrospectiva y superficial nos hace descubrir que por años hemos consumido productos que no llenan las normas establecidas, con insumos de dudosa calidad, con el agravante de que los organismos competentes se colocan de espaldas o miran hacia otro lado.

Lo que se ha develado con el salami es una muestra. Se han violado normas por años. Sólo después que el Instituto de Protección al Consumidor asumió su responsabilidad, empezamos a reaccionar.

Sin embargo, ese comportamiento lo quieren satanizar. Y si se asume una digna defensa de su papel, entonces se forma parte de una conspiración mediática contra equis grupo empresarial, cuando lo importante es que se acojan políticas responsables para superar los problemas.

¿Cómo es posible que pese a las denuncias de los salamis, que debieron ser aleccionadoras, ahora se compruebe que estamos consumiendo azúcares con arena y no haya consecuencias? Es que no hay respeto por la población. No se empieza a hacer lo que nunca se ha hecho.

Otras prácticas de ilícito comercio se tornan habituales, como la venta de productos vencidos. Pese a las advertencias de Pro Consumidor,  algunos negociantes los colocan en las góndolas.

Pasa también con medicamentos en vías de vencimiento. O muchos son procesados en patios, sea con alteraciones o totalmente falsificados. Se lanzan amenazas, pero tampoco hay consecuencias.

No tenemos que mencionar las precarias condiciones en que se comercializan los productos agropecuarios en los mercados, ni las aguas a granel, expuestas a todos los riesgos de contaminación.

En fin, que el Estado no debe ser indiferente ante asuntos que afectan  la salud colectiva y que sin embargo perviven como si fuesen normales.

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