Parecieran obedecer a un programa, los atentados contra el sistema eléctrico nacional, en particular, el derribamiento de torres de líneas de transmisión de alto voltaje. Esos hechos, que deben alarmar, transcurren como rutina.
Imagínese lo que significa destruir una estructura como esa, de puro acero, con una base en concreto, con un fuerte amarre atornillado. Requiere de equipos y hombres con conocimiento para acometer esa acción.
La sociedad no desea preguntarse a qué se debe semejante comportamiento. No quiere admitir que infelices buscadores de vida tienen capacidad y atrevimiento para ejecutar esa operación. Tampoco le gustaría saber que un grupo más organizado, con motivaciones políticas estaría obrando de esa manera. Ya un grupo reivindicó un atentado parecido, en La Vega, el año pasado.
En cualquier caso, estamos ante una situación que debe inquietar a cualquier persona sensata. Cuando la torre fue derribada el pasado viernes en La Victoria, Santo Domingo Norte, el servicio eléctrico quedó suspendido en el acto, a las 10:15 de la noche. Doce horas después nadie sabía qué había ocurrido.
Pero habían quedado fuera de servicio eléctrico La Victoria, La Estrella, La Luisa, Guanuma y La Bomba, Yamasá y Peralvillo, Monte Plata y Sabana Grande de Boyá, más todas las comunidades rurales tierra adentro que cuentan con redes eléctricas. La suspensión se extendió hasta las 12:10 de la madrugada de este domingo. La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana y Edeste no se molestaron en informar a los clientes lo que había ocurrido, hasta que la noticia llegó de boca en boca.
Ese hecho tan grave ocurre sin consecuencias. Es lo peor. La compañía de transmisión se conforma con reponer el servicio. La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) denuncia el sabotaje y dice que a otras seis torres les sustrajeron piezas clave.
¿Cómo es posible? Las autoridades tienen que actuar con más templanza para detener estas hordas criminales, sean terroristas o rateros.
