MADRID. Los duros recortes del gobierno español para reducir el déficit han golpeado con dureza a toda la sociedad.Los más afectados son los inmigrantes no autorizados, que a partir de ahora verán restringido su acceso a la sanidad. Los extranjeros que carecen de permiso para residir en España perderán el derecho a visitar la consulta de un médico de manera regular, aunque serán atendidos de cualquier urgencia en los hospitales de forma gratuita, según el decreto sanitario publicado la víspera.
El gobierno asegura que con las medidas, con las cuales ahorrará unos 9,000 millones de dólares, sigue garantizando una asistencia básica a todo el mundo y está en línea con la de sus vecinos europeos. Pero ha sido fuertemente respondida por colectivos de inmigrantes y sociedades médicas, que la califican de discriminatoria y peligrosa.
“Lo que se pretende es intentar vacunar contra ciertos abusos que han habido en cuanto a las prestaciones sanitarias, pero por esta vía lo único que hace es perjudicar a la salud de la población tanto foránea como nacional”, dijo Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, que agrupa a 19,500 médicos de familia, una de las especialidades más importantes en el ámbito de la atención primaria a pacientes.
Cambio de filosofía
La reforma entrará en vigor el próximo 31 de agosto. Según Basora, no es sólo una mala noticia para los inmigrantes, sino un cambio general de filosofía. “Pasamos de un sistema nacional de salud donde el paciente es un ciudadano a ser el paciente un asegurado”, señaló Basora. “Es un cambio sustancial, porque hasta ahora la salud es un derecho y bajo esta nueva premisa estamos dejando fuera a los inmigrantes irregulares”.
Vladimir Paspuel, presidente de la asociación de ecuatorianos en España, aseguró que al obligar a estas personas a ir a urgencias se favorecerá la automedicación, en detrimento de la prevención, y acabarán subiendo los costes.
