El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, informó que tiene preparado un proyecto de ley con el objetivo de regular el ejercicio y la formación de los profesionales del Derecho en República Dominicana y que pronto será sometido al Congreso Nacional.
El proyecto contempla una evaluación cada cinco años a los abogados después de obtener el primer título de Derecho en las universidades.
Esto incluye una pasantía y un examen de reválida con la presunta finalidad de determinar si el profesional se mantiene al día en su capacitación durante el ejercicio de la carrera.
El magistrado también pretende la creación de una comisión de reválida compuesta por el Consejo del Poder Judicial, el Colegio de Abogados y las universidades.
Al margen de la clara inconstitucionalidad del proyecto, puesto que la Constitución dominicana reconoce el derecho al libre ejercicio de una profesión por lo que la ley adjetiva no puede limitarlo, hay otros aspectos de importancia que hay que analizar para evitar que este antojo peligroso se convierta en una realidad.
El Colegio de Abogados siempre está controlado por un partido político. Las universidades del país, que tampoco escapan de los tentáculos de los partidos, responden casi en su totalidad a determinados intereses empresariales. Y el Consejo del Poder Judicial padece de las mismas parcialidades y deficiencias de las que a diario se emiten quejas sobre los jueces del país.
Esto significa que “juristas” inclinados a un partido, deficientes y/o con intereses comerciales personales serían los encargados de decidir cuáles profesionales del Derecho pueden ejercer su carrera, lo que les daría a esta “comisión de reválida” la injusta discrecionalidad de apartar la competencia y los opositores a aquello que en alguna coyuntura defiendan.
Si un abogado tiene baja calidad en su accionar y preparación, al igual que puede ocurrir con un arquitecto, un médico, un publicista o alguien de cualquier profesión, es el mismo mercado quien se encarga de excluirlo.
Y si el problema es que abogados mediocres están accediendo a las filas del Poder Judicial, esto no se corrige con una comisión de reválida sino con la voluntad de los sectores que participan en la escogencia de elegir sólo por méritos y no por favores y “compadreo” que es lo que se ha impuesto hasta el sol de hoy.
El proyecto es superficial, haría más daño que bien y aquello que sus proponentes dicen que pretende arreglar apenas lo maquillaría, tal como blanquear un sepulcro.
