El procurador aseguró ayer que la eliminación de la calidad dada a todos los ciudadanos para querellarse contra un funcionario público no limita la lucha efectiva contra la corrupción.En tanto, el Foro de Juristas para la Democracia Constitucional, aseguró que la medida tomada por los legisladores viola la parte medular del Estado Social estatuido por la Constitución que faculta a la gente para impulsar acciones contra funcionarios.
Asimismo, pide al presidente Danilo Medina observar y devolver al Congreso Nacional la Ley que reforma el Código Procesal Penal (CPP) debido a que rompe la médula de la Constitución y desmonta todo lo que el país ha avanzado en el servicio de justicia penal.
El grupo compuesto por Erick Raful, Cándido Simó, Carlos Balcácer, entre otros, objetaron otros diez puntos de la reforma, entre ellos: la prisión como regla, recargar la defensoría pública al poner a su cargo la defensa de la víctima, la imprescriptibilidad de la acción, la ejecución de sentencias irrevocables sin orden del juez de la pena, el doble juicio en las cortes de apelación, la apelación sin motivos.
El resta importancia
El procurador Francisco Domínguez Brito entiende que la eliminación del párrafo tercero artículo 85 en la modificación al CPP, no debe ser la razón para observar el proyecto que, según dijo, plantea disposiciones drásticas contra la criminalidad. “Eso no quita ni remotamente la posibilidad de los ciudadanos de denunciar y de acudir ante las instancias correspondientes, es decir, yo no observo que ahí habría algún tipo de limitación a que podemos ser efectivos en la lucha contra la corrupción”, argumentó.
Dijo, además, “yo creo que el problema en la lucha contra la corrupción es que tengamos mayor coraje si se quiere para que los que roban y desfalcan el dinero público estén tras las rejas, sancionados”, indicó. Aclaró que en lo que no está de acuerdo es en que la reforma sea observada. “Debe ser promulgada”, dijo.
