Cargas “legales” del Presupuesto suman RD$342,732 MM

Cuando Simón Lizardo y Luis Reyes Santos iniciaron el análisis legal para elaborar el proyecto de Presupuesto del 2015, se encontraron con una gran barrera: 28 leyes y un decreto reclamaban más de la mitad del monto que habían previsto.

Cuando Simón Lizardo y Luis Reyes Santos iniciaron el análisis legal para elaborar el proyecto de Presupuesto del 2015, se encontraron con una gran barrera: 28 leyes y un decreto reclamaban más de la mitad del monto que habían previsto.Como ministro de Hacienda y director de Presupuesto, Lizardo y Reyes debían tomar una decisión porque el escenario de ingresos para el 2015 que manejaban, no daba para cumplir el mandato de ese conjunto de leyes que comprometen automáticamente proporciones importantes de los ingresos esperados. La decisión a tomar no dejaba alternativas. Había que aplicar “tijeras” o recortes a casi todos los valores legales. Sólo uno de los mandatos tuvo su asignación como manda la ley. Al resto, le asignaron lo que se pudo.

Si el Gobierno se hubiera comprometido en diseñar el Presupuesto General del 2015 cumpliendo todas las leyes y normativas que designan porcentajes fijos, del PIB o de los ingresos, habría tenido que agregarle RD$118,210 millones al monto realmente consignado.

Las 28 leyes y un decreto con asignaciones fijas comprometen un volumen de recursos que representan el 54.32% del monto del Presupuesto del 2015, en fase de aprobación en el Congreso Nacional. El monto global es de RD$630,934 millones.

Cifra legal

Una suma global de RD$342,732.17 millones envuelve en cumplimiento de las 29 disposiciones legales referidas al año 2015, pero las proyecciones consignadas en el Presupuesto del próximo año es de RD$224,521.58 millones, es decir RD$118,210.5 millones menos.

En el proyecto de Presupuesto del próximo año sólo una disposición tiene su previsión legal contemplada en casi un 100%. Se trata de la Ley 66-97, Ley General de Educación, que en su artículo 197 establece que a la educación preuniversitaria se le debe asignar el 16% del presupuesto o el 4% del producto interno bruto (PIB), el que sea mayor. Desde el 2013, cuando se comenzó a darle cumplimiento a esa disposición, la asignación ha sido de alrededor del 99% del monto estipulado. Para el 2015, con valor legal calculado en RD$120,871.3 millones, el monto consignado en el Presupuesto es de RD$119,363.2 millones.

La brecha entre lo legal y lo real es altísima en la mayoría de las disposiciones, incluyendo en las transferencias para la recapitalización del Banco Central. Los montos, en porcentajes del PIB, son establecidos por la Ley 167-07, pero en los últimos tres presupuestos las asignaciones han quedado elevadamente por debajo de los porcentajes legales. Para el 2015, según el calendario establecido en el artículo 6 de la ley, debía asignarse para compensar al Banco Central por las pérdidas que incurre en el pago a los tenedores de certificados financieros emitidos por la entidad para el manejo de la crisis bancaria del 2003, el equivalente al 1.3% del PIB, pero por las limitaciones que confronta el Gobierno le asignó el equivalente al 0.7%.

Como valor absoluto y cumpliendo el mandato de la ley de capitalización, al Banco Central le correspondían transferencias presupuestarias por RD$36,261.4 millones, pero en el proyecto de Presupuesto del 2015 sólo le asignan RD$21,152.4 millones. En los dos presupuestos anteriores, los montos aprobados fueron inferiores a los que correspondían si se aplicaba la ley de recapitalización.

Fondo del Presidente sufre importante rebaja

El mayor sacrificio, en términos relativos, se produjo en el Fondo del Presidente, que según el artículo 32 de la Ley 423-06, debe ser el 5% de los ingresos corrientes. Tomando ese mandato, en el Presupuesto del 2015 debía asignarse por ese concepto RD$22,497.1 millones, pero solo se consignan RD$4,922.4 millones. También queda sacrificado el fondo para calamidad pública, que según el artículo 33 de la misma Ley 423-06 (que establece un 1% de los ingresos corrientes) debía tener una asignación de RD$4,499.4 millones, pero tiene solo RD$594.7 millones. Mientras, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que la Ley 139-01 le asigna el 5% de los recursos internos, debía tener RD$22,497 millones y tiene solo RD$6,517 millones; los gobiernos locales (ayuntamientos) según la Ley 166-03 deben recibir el 10% del Fondo General, que para el 2015 serían RD$39,536.7 millones, pero solo tienen asignados RD$16,995.1 millones. Asimismo, el Fondo para el Pago de la Deuda, establecido por la Ley 112-00 de Hidrocarburos, debía recibir RD$27,333.82 millones pero solo tiene asignado RD$25,948.8 millones.

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