En las últimas décadas en nuestro país hemos creado múltiples organismos autónomos con la justificación de desvincular la política partidaria de los mismos, limitar su dependencia del Poder Ejecutivo y garantizar la continuidad de las políticas públicas así como la idoneidad de las mismas, gracias a un personal que sería contratado por razones de competencia y no de afiliación partidaria.
En la práctica ninguno de esos objetivos se ha cumplido. Estos supuestos entes autónomos han sido en la mayoría de los casos totalmente dependientes del poder político de turno y sus acciones en muchos casos solo buscan complacer los intereses de dicho poder, dejando de lado la misión que están llamados a cumplir.
Para lo que sí han servido dichas autonomías es para mal utilizarlas como estandarte para constituirse en entes intocables por encima del ordenamiento jurídico del Estado y que pueden auto asignarse privilegios irritantes.
La Junta Central Electoral (JCE) es un vivo ejemplo de esto. De conformidad con la Ley Electoral 275-97 está dotada de personalidad jurídica, patrimonio propio inembargable y goza de autonomía económica y presupuestaria. La Constitución de 2010 fue más allá al establecer que es un órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera.
Ahora bien, el que tenga esta autonomía no significa que sea un órgano fuera del ordenamiento jurídico. Irresponsablemente así lo han tolerado nuestras autoridades ya que siempre han querido que este organismo les deba favores para luego pasarle factura en época de elecciones. A 10 años de la implementación del Sistema Dominicano de Seguridad Social la JCE sigue sin estar afiliada a este sistema “obligatorio” porque los miembros de la JCE se aferran a mantener un plan privilegiado de retiro y otros beneficios, alegando que si pagaran las cotizaciones de la seguridad social cotizarían doble. Por más que algunas voces hayan denunciado este hecho, nada ha pasado porque las autoridades, incluyendo las autónomas superintendencias de Pensiones y de Salud, no han querido meterse con la JCE. La discusión del necesario proyecto de ley de salarios para el sector público se abortó lamentablemente el pasado año porque los organismos autónomos se resisten a estar sometidos a una regulación y protestaron hasta lograr lo que querían, sepultar el proyecto de ley.
Pero como hemos mal acostumbrado a estos organismos a que hagan lo que quieran y nada pase, la JCE tampoco quiere estar sometida a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones a pesar de que aplica a las instituciones descentralizadas y autónomas financieras y no financieras, así como a cualquier entidad que contrate la adquisición de bienes, servicios, obras y concesiones con fondos públicos.
