Conflictividad y movilización en alza

La conflictividad y la movilización social en la República Dominicana han venido creciendo en los últimos años. Eso es un motivo de alegría.

La conflictividad y la movilización social en la República Dominicana han venido creciendo en los últimos años. Eso es un motivo de alegría. La sociedad adormecida parece estarse levantando de un largo letargo, y se está expresando con vigor alrededor de tres temas que han sido puntales de los modelos de acumulación y exclusión que han prevalecido en décadas recientes, y que explican en mucho porqué tanto crecimiento ha beneficiado a tan pocos.
Estos son los recursos naturales, la remuneración del trabajo, y el uso de los recursos públicos.

Estos han gravitado con intensidad variada en el debate nacional, pero tienen en común que una parte de la sociedad los ha identificado como cruciales para el desarrollo y el bienestar, y ha empezado a perder el miedo y a retar el orden establecido.

El más visible de todos ha sido el de los recursos naturales. Las movilizaciones en rechazo a la instalación de una fábrica de cemento en un territorio cercano a un parque nacional y en demanda de que Loma Miranda sea convertida en parque nacional han sido las más destacadas pero seguramente no serán las últimas.

La apropiación y el uso indiscriminado de los recursos naturales por parte de un reducido número de empresas ha sido una característica sobresaliente de al menos dos actividades de un peso importante en la economía dominicana: la minería y el turismo. Las formas que ambas actividades han adoptado han dejado un negativo e irrefutable legado ambiental, y por lo tanto social, que pagamos todos, mientras pocos se han quedado con el grueso de los beneficios. 

La Alcoa, la Rosario Dominicana y Falcondo han dejado tierra rasada, y al menos en un caso también un grave problema de contaminación de aguas. A su vez, la forma en que se ha desarrollado el turismo ha implicado la degradación de los recursos costeros como corales y manglares, y la salinización de las aguas subterráneas, y ha excluido a la gente del disfrute de muchas playas del país. A eso se suman los impactos negativos de otras actividades como la extracción de agregados para la construcción, y la agricultura intensiva en agroquímicos.

Reconocer y denunciar esto no significa ignorar los beneficios que algunas de esas actividades han generado en tales casos como divisas y recursos fiscales, sino advertir que esa forma de producir riqueza excluye y empobrece. 

Por otra parte, las bajas remuneraciones fueron una pieza medular del modelo azucarero agroexportador que prevaleció hasta inicios de los ochenta, y de la industrialización de los setenta, y lo son hoy de la economía de zonas francas y turismo. No es que los bajos salarios fueron causados por esas actividades pero se sustentaron en ellos y contribuyeron a mantenerlos allí, en niveles éticamente inaceptables y económicamente contraproducentes para un desarrollo más equilibrado e incluyente, en parte porque sus representantes accionaron bloqueando demandas de mayores salarios y beneficios sociales.

La reacción ciudadana a la propuesta de la cúpula empresarial de degradar varios de los beneficios de los y las asalariadas ha sido intensa. La indignación ha sido tan generalizada que difícilmente levantará cabeza. En el país se ha ido creando conciencia de la necesidad de darle vuelta a esta lógica que se pretende perpetuar en la que el crecimiento y las ganancias de unos pocos se realizan en base a la prolongada miseria de muchos.

Por último, la corrupción en el Estado y el uso discrecional de los recursos públicos para favorecer a unos y auto favorecerse ha sido otra de las grandes fuentes de acumulación para la formación y fortalecimiento de grupos económicos. Se han usado sistemáticamente los recursos de todos y todas para beneficio de unos cuantos, lo que ha concentrado riqueza e impedido que la mayoría reciba servicios públicos de calidad.

También en este caso, una parte de la ciudadanía ha venido objetando la impunidad que disfrutan los principales actores y beneficiarios del robo al Estado, y ha venido reclamando con fuerza un gasto público de mayor calidad y en beneficio de la gente. La lucha por un adecuado financiamiento a la educación y el esfuerzo porque haya justicia a varios importantes casos de corrupción forman parte de ello.

Muchas de estas luchas tomarán caminos sinuosos, pero ello no significa que pierdan valor. Quienes han tenido el poder por siempre ya no están solos, les están retando, y mientras más persistan en sostener las lógicas excluyentes, mayor será la intensidad del desafío.

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