El artículo ocho, inciso nueve, de la Constitución del país, en forma clara y precisa dice: “La inviolabilidad de la correspondencia y demás documentos privados, los cuales no podrán ser ocupados ni registrados sino mediante procedimientos legales en la substanciación de asuntos que se ventilen en la justicia. Es igualmente inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, telefónica y cablegráfica”.
En la conciencia de las personas encargadas de ejecutar la orden de determinados servicios de seguridad para violar la correspondencia de algunos ciudadanos, está el criterio de Federico Guillermo IV, de que, entre Dios, de quien él había recibido el poder de rey, y el pueblo, no podía interponerse ninguna “hoja de papel”. (116)
Que termine
Un país no puede vivir bajo un estado permanente de intranquilidad política y social, y la situación que se advierte en varios sectores sociales del país es de total desconcierto, intranquilidad política e inseguridad.
No pasa un día de la semana sin que la madre de un joven se presente a nuestra oficina requiriendo nuestros servicios profesionales a favor de un hijo perseguido o detenido.
En algunos barrios marginados de la ciudad de Santiago, la vida nocturna se ha visto limitada. Los jóvenes tratan de no moverse a determinadas horas de la noche para evitar ser apresados por agentes de los servicios de seguridad del Estado.
Hace unos días dictamos una charla en un barrio popular de Santiago y observamos que las preguntas que hacían las mujeres presentes giraban en torno a lo difícil que está la situación para la seguridad de sus hijos. Dos de las madres presentes nos manifestaron que sus hijos estaban escondidos porque agentes de la Policía Nacional los perseguían por el simple hecho de ser militantes de un club cultural que funciona en su barrio.
Nuestros hijos -nos dijeron las madres de los jóvenes perseguidos- no han cometido ningún delito, lo único que han hecho es participar en las actividades que organiza el club reclamando agua, el arreglo de la escuela y las calles del barrio.
Salvador, que en la década del sesenta y el setenta realizó una activa vida política y cultural en los barrios populares de Santiago y otros pueblos del país, sabe que los clubes culturales vienen a ser como el órgano por medio del cual se expresan desde hace muchos años miles y miles de dominicanos que viven en los barrios marginados del país. El contacto casi diario y directo que Salvador mantuvo con los clubes culturales y sus principales directivos, le permiten comprender hoy desde el poder la labor positiva que realizan los clubes culturales, verdaderas poleas de transmisión entre el sentir de las masas y el pueblo en general.
Nadie puede oponerse al normal funcionamiento de las organizaciones culturales en los barrios marginados del país, porque la libertad y derechos para formar sus organizaciones propias, independientes del poder del gobierno, para actuar, intervenir libremente en las cuestiones de interés del pueblo, hace tiempo que forma parte de la esencia de la lucha de las masas populares dominicanas. Las organizaciones populares y de masas, entre las que en nuestro país figuran los clubes culturales, permiten a la opinión pública y a la sociedad civil ejercer su influencia sobre el Estado.
Es posible que muchos de los que aquí nunca se han ligado con el pueblo, ni han visitado un club cultural, tengan la falsa creencia de que el hecho de los jóvenes organizarse y reclamar sus derechos por medio de sus instrumentos de lucha más idóneos, constituya un “atentado a la seguridad del Estado”. El mismo Salvador sabe que los clubes culturales han desempeñado un gran papel en la lucha del pueblo dominicano por su libertad.
La represión, persecución y odiosa vigilancia no debe continuar en los barrios marginados de Santiago, la ciudad capital y otros pueblos del país. La vulneración de los derechos de los ciudadanos no puede ser norma ni objetivo de las autoridades; no debemos olvidar que la democracia que existe en un régimen de libertad política “no elimina el yugo de clase, sino que torna la lucha de clases más limpia, más abierta, más nítida. (117)
¡Que termine la represión en Jicomé!
Para que un pueblo goce de libertades no depende de que estén consagradas en un documento de contenido político, como lo es la Constitución, sino que es necesario que la garantía de los derechos y libertades formen parte del modo de gobernar, de la esencia de conducción de la vida política del país.
La debilidad de las instituciones políticas del país, el poco tiempo de continuidad de vida democrática, ha contribuido a que muchas autoridades, civiles y militares, no puedan asimilar el deseo de la generalidad de los dominicanos a vivir en una sociedad garantizada por la ley y en la cual los ciudadanos puedan ejercer, sin trabas ni cortapisas, los derechos y libertades garantizados en la Constitución política vigente.
En nuestro país, entre más pequeño en territorio y población y mucho más apartado de la ciudad capital se encuentre ubicada determinada comunidad, más activa y brutal es la represión contra el pueblo humilde y trabajador.
Decimos lo anterior porque lo que está ocurriendo desde hace algún tiempo en la sección de Jicomé, no se compadece con la vocación democrática de nuestro pueblo ni con el deseo de cada dominicano para que la sociedad civil se mantenga en constante renovación para lograr una vida mejor en el orden económico, político y social.
Tenemos informes, que nos merecen entero crédito, en el sentido de que desde el pasado mes de abril en Jicomé se ha de-satado una firme represión contra jóvenes de la comunidad. Las autoridades, motivadas por grupos atrasados ligados al latifundio, mantienen en constante estado de zozobra a los miembros de la comunidad que se preocupan por los problemas sociales.
Más de cinco jóvenes de Jicomé han ido a la cárcel sin ninguna justificación, y otros tantos se mantienen ocultos porque las autoridades han dicho que los persiguen con fines inconfesables.
Recientemente la madre de uno de los jóvenes perseguidos se presentó a nuestra oficina y nos manifestó su sentir con respecto a la desesperación que embarga a muchas madres de Jicomé. Los miembros de la Policía Nacional, no se pueden convertir en instrumento de represión de sectores económicamente poderosos. Los cuerpos policiales no pueden estar al servicio de las pasiones políticas de particulares.
Creemos que los altos jefes policiales deben hacer comprender a los rasos y oficiales de menor jerarquía que la Constitución y las leyes están para ser cumplidas por todos los ciudadanos sin distinción de color, raza o posición económica.
La libertad política no pude ser divisible y circunstancial. No puede gozar de libertad política el ciudadano que reside en la ciudad capital, y bajo la represión el que vive en Jicomé. La ley es igual para todos y la Constitución garantiza los derechos y libertades para todos los dominicanos, sin importar espacio territorial ni tiempo.
Creemos que si en Jicomé hay algún terrateniente que se siente lesionado en sus derechos, o en sus bienes, y tiene pruebas contra determinado ciudadano, debe de accionar directamente contra quien le ha violado su derecho, pero no puede utilizar su influencia y poder económico para hacer caer la represión contra todos los ciudadanos que no compartan su forma de pensar y actuar.
Es de esperar que se termine la represión contra determinados ciudadanos que residen en Jicomé. La persecución no puede ser la norma de vida en ninguna parte del país, además de que nadie puede ser perseguido por su forma de pensar. Las autoridades policiales deben prestar plenas garantías a todos los habitantes de Jicomé, a fin de que la tranquilidad vuelva a imperar allí. Bajo el terror no puede vivir ninguna comunidad del país; la libertad no puede ser hija de las circunstancias ni estar al servicio de los caprichos de ninguna persona, clase o capa social. (118).
Fuentes:
(116) El Nacional. 11 de julio 1984.
(117) El Nacional. 13 de julio 1984.
(118) Última Hora. 27 de julio 1984.
Continuará la semana próxima
