El director del Listín Diario y vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para la República Dominicana, Miguel Franjul, cree que el Tribunal Constitucional declarará inconstitucionales las normas que criminalizan los delitos de difamación.
El pasado jueves los diarios El Día, Listín Diario, Diario Libre, El Nacional, Hoy, El Nuevo Diario y elCaribe, publicaron una petición dirigida a los magistrados del Constitucional para que eliminen, “en un tiempo razonable», 11 artículos de la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento y cinco del Código Penal, a los que consideran que no son compatibles con la Constitución dominicana y la Convención Americana de Derechos Humanos. El recurso de inconstitucionalidad lo presentaron el 25 de febrero de 2013.
El pedido de los medios halló respuesta del Constitucional, organismo que indicó que trabaja de forma ardua para fallar los casos que recibe.
Al comparecer en el programa “Enfoque Matinal” que se transmite por NCDN, Franjul consideró que la existencia de elementos restrictivos en el Código Procesal Penal está obligando a los medios a ejercer la censura previa.
Indicó que esto se debe a que en el llamado régimen de cascada, el director del diario es el principal responsable en el caso de que se produzca una difamación.
“Esa ley fue copiada de la legislación francesa del siglo XIX. En el momento que se implantó en la República Dominicana aquí había dos o tres canales de televisión y de periódicos con pocas páginas, un director podía tener el control del medio, pero ahora no, una sola persona no puede manejar todo el contenido”, aseguró.
Manifestó preocupación de que se quiera responsabilizar al director sobre lo expresado en un espacio pagado o en un artículo de opinión que se publique en el medio.
“Eso está desfasado, fuera de lugar, eso está fuera de sitio mantener esas penalidades (prisión). El Consenso que hay en toda América Latina, especialmente en los países donde se han suspendidos esas penalizaciones, es que basta con admitirle un derecho a réplica o rectificación para que todo el daño posible que se haya podido causar por una publicación se resuelva, pero no metiendo a la gente en prisión porque para nosotros eso nos inhibe”, explicó Franjul, quien además abogó para que el derecho a réplica sea discrecional.
El vicepresidente regional de la SIP indicó que si se aplicara estrictamente la pena de cárcel, “un día se podría amanecer con siete directores de medios presos”.
Normas protegen a los gobiernos
Sostuvo que en el fondo de ese conjunto de artículos, se protege a los gobiernos y a los poderes quienes quieren impedirle a los medios de comunicación que difundan cualquier alusión que ponga en cuestionamientos la forma que un individuo maneja los recursos públicos.
“Si ustedes ven esa ley, es un cuadro grandísimo, que no se puede hablar mal del Presidente, del vicepresidente, de la gente del Congreso, del Poder Judicial, ni de los políticos, ni de nadie, entonces, el poder ahí se está blindando”, se quejó Franjul.
En ese sentido criticó la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, de la cual dijo es una “ley de lujos”.
Difamación en las redes
Franjul abogó por un marco regulatorio de las redes sociales, en la cual indicó que debe primar el respeto al derecho, al honor, la privacidad y la reputación de las personas.
“La globalización ha globalizado también las comunicaciones, los medios existentes para que el ciudadano informe, se comunique o se divierta y ya lo que estamos viendo es que frente a una difusión desinhibida de elementos pornográficos a vulgares ya está siendo controladas a través de mecanismos electrónicos o a través de leyes y regulaciones”, sostuvo.
En el caso de los medios de comunicación impreso, dijo que tienen por norma, el “no permitir que se cuele la difamación e injuria”.
