Una lectura inicial al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) viene a confirmar el estado de sesgo que caracteriza a los miembros de esa comisión, expresado desde el momento en que se enteraron de la sentencia del Tribunal Constitucional, cuando dijeron que “despojaría de la nacionalidad a decenas de miles de personas nacidas en República Dominicana”.
El informe refleja un claro interés en constituir un expediente de tipificación de la Nación dominicana como una versión moderna de Estado racista e intolerante. No sólo la hostilidad manifiesta y la complicidad en el accionar de los comisionados revelan ese temperamento, sino el informe mismo, totalmente previsible para las más de 30 organizaciones y decenas de personas con las cuales trabajaron, todas alineadas en un punto de vista sobre la vida nacional.
De ahí que el informe fue elaborado desde una perspectiva tendenciosa y prejuiciada, con un bastón de mando típico del autoritarismo pretoriano en pleno siglo XXI. El sustrato de las recomendaciones a la colonia así lo confirma.
Mediante una metodología apriorística, propia de esa clase de comisionados, esos señores hicieron hallazgos “sorprendentes” sobre el estado de marginalidad y pobreza de las víctimas del Estado dominicano, que según ellos, se agrava a consecuencia de una sentencia que no ha empezado a ser aplicada. Pero que “…afecta desproporcionadamente a personas ya sujetas a múltiples formas de discriminación, en particular con base en la raza y la pobreza”, como si esa miseria fuese única “de personas dominicanas de ascendencia haitiana”, “…afrodescendientes”, en un país que igual tiene raíces africanas.
Es evidente que quienes decidieron acoger esta Comisión cometieron un grave error político. Colocaron a la República “de pechuga” para que le dispararan a mansalva.
Conscientemente, los comisionados fueron más allá, porque era necesario caracterizar el “Estado opresivo”. Por ello, la presencia de la Relatora Especial para la Libertad de Expresión. El informe denuncia un estado de inseguridad e intolerancia para el ejercicio de la libertad de expresión en República Dominicana y las amenazas que se ciernen para los defensores de los derechos humanos.
¡Cuánta perfidia!
