Gobernar es difícil. Lo saben muy bien quienes tienen esa misión a cargo. Cada día deben atender problemas nuevos y tratar de buscar soluciones. De hecho, van construyendo realidades cada vez que abordan una situación. Hacer ese ejercicio cotidianamente implica no sólo prudencia, sino también tener sentido de la historia, las realidades concretas y prever el impacto de las políticas.
Todo viene a cuento por el anuncio no oficial de que el Código Laboral de la República Dominicana será modificado, para lo cual el gobierno designará una comisión tripartita. El dato ha llamado la atención de los especialistas y de la gente más o menos informada.
Reformas de esa envergadura inicialmente no las acometen las partes interesadas. Ni siquiera los propios gobiernos. Los estadistas primero consultan, escuchan a sectores y a expertos. Posteriormente nombran a especialistas para que sobre la base de esas consultas elaboren ideas que puedan terminar como un anteproyecto. Para instituir el Código Laboral actual, incluso se consultó a la Organización del Trabajo (OIT).
El Código Laboral de la República Dominicana pauta las relaciones obrero-patronales, con un gran mediador que es el Estado, al final, prevalece el imperio de la justicia, pero no es el código de los sindicalistas ni es el código de los empleadores y mucho menos del gobierno. Es una cuestión que atañe a toda la sociedad.
Cualquier modificación importante del mismo tiene que conllevar una discusión nacional, que involucre a la sociedad en su conjunto. El actual código es la superación del Código Trujillo de Trabajo, y ha sido con esa pieza que hemos avanzado a un clima de armonía obrero-patronal. Es una pieza que fue el resultado de un gran debate.
Sabemos que el código tiene aspectos cuestionados por algunos empresarios, pero para cualquier modificación, hay que actuar con cuidado. El avance que significó en 1992, las garantías que representa para los trabajadores, tienen que ser preservadas.
