El ministro de Hacienda, Daniel Toribio, uno de los contados funcionarios públicos que hablan con cierta propiedad y credibilidad, ha hecho una revelación interesante: el Gobierno dejó de percibir entre 2008 y 2011 unos RD$418,906 millones por exenciones y exoneraciones de impuestos otorgadas en base a 33 normas “que reducen el potencial del sistema tributario”.
Él está de acuerdo con una reforma integral del sistema recaudatorio, sustentada en menos exenciones y evasión y menor rigidez del gasto.
Es necesario, dijo, alcanzar y explotar todo el potencial de las figuras impositivas actuales, racionalizando y disminuyendo las exoneraciones y evitando la evasión tributaria.
Todo eso está muy bien. Habría que añadir un consuelo: que al menos esas exenciones y exoneraciones parecen dirigidas al sector productivo, y con ellas se estimula la creación o el mantenimiento de empleos.
Pero hay exenciones improductivas, que quizás no están enlistadas en el paquete que tiene el ministro, como las recibidas por los legisladores, que constituyen privilegios irritantes que ya no tienen razón de ser.
Quizás constituyen un “incentivo especial” por ser quienes aprueban las leyes de la República, incluidas las mentadas exenciones, y en tal virtud, su cuota o ración, es de justicia. Por cierto, a las exoneraciones de vehículos habría que agregar el régimen especial de que disfrutan, como los barriles que tanto nos avergüenzan.
