La administración del presidente Danilo Medina recorrió un año sin tropiezos menores o mayores, con extendidos aplausos, incluso de sus opositores, hasta que se produjo la sentencia del Tribunal Constitucional sobre derechos de ciudadanía y de los inmigrantes.
Esa decisión le planteó un conflicto al Gobierno y abrió un fuerte debate entre los dominicanos y extranjeros “defensores” de los derechos humanos y directamente con otro Estado, Haití, que asumió como propia una cuestión interna, lo que se agregó en la lista de agravios que en los últimos tiempos han matizado las relaciones domínico-haitianas. Haití llegó tan lejos en su defensa de los ciudadanos “dominicanos” de ascendencia haitiana, que ha liderado las iniciativas contra República Dominicana en la Organización de Estados Americanos (OEA) y el conjunto de naciones que conforman el Mercado Común Caribeño (Caricom), que como bloque igualmente se sumó a las denuncias contra el país.
La actitud de Haití provocó que el Gobierno dominicano, que en principio se había mostrado dubitativo frente a la sentencia del Tribunal Constitucional, la acogiera plenamente, reaccionara y ordenara a la Cancillería que presentara ante el mundo lo que se entiende que son las reales implicaciones de la sentencia.
Cuando se emitió la sentencia, el Gobierno guardó un discreto silencio, hasta que de manera directa, el presidente Medina empezó a recibir presiones abiertas. Visitas de representantes de los inmigrantes haitianos y de las organizaciones nacionales y organismos internacionales que defienden su causa.
Primera reacción
La sentencia 168-13 del TC se dio a conocer el 25 de septiembre, pero fue el martes 8 de octubre la primera vez que el mandatario se refirió públicamente al tema. En la víspera, había recibido en Palacio a representantes del grupo Reconocido y del Centro Bonó. Algunos medios reseñaron que el Presidente había pedido “perdón” a los afectados por la decisión del alto tribunal.
Medina, de visita en la Barrick Gold, fue abordado por los periodistas, a quienes explicó que había pedido “excusas, no perdón”, a los que resultaren perjudicados por el fallo, y aclaró que no se trataba de una decisión del Poder Ejecutivo, sino de otra instancia. “Yo no sé si legalmente se ha cometido alguna injusticia, pero ahí hay un problema humano que hay que resolver”, comentó el gobernante.
Hasta estas declaraciones, el Gobierno solo había hablado del tema a través del director de Migración y del consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Tan solo un día después del fallo José Ricardo Taveras afirmó que procedería a acatarlo, y luego César Pina Toribio dejó claro que era una decisión “legítima” y consideró normales las “reacciones adversas”.
Presiones
Las presiones continuaron a nivel nacional e internacional. Las declaraciones del mandatario, tocando la parte humana del problema, animaron a los opositores de la sentencia. Vincho Castillo consideró que Medina fue “emboscado”.
Una propuesta de “amnistía” para los hijos de indocumentados salió de sectores de la sociedad civil, pero rápidamente fue descartada por el Gobierno, a través del consultor jurídico Pina Toribio.
Aunque ha dejado claro que se trata de una decisión que no le compete, el jefe del Estado ha tenido que pagar un precio político por la sentencia.
Una muestra de ello es el incidente en la inauguración del Foro Regional Sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, el pasado 15 de octubre. Cuando el Presidente se disponía a pronunciar el discurso de apertura, fue interrumpido por un grupo de delegadas internacionales, quienes mostraron pancartas con la leyenda “Todas somos Haití”. La acción fue rechazada incluso por muchos sectores que se oponen a la sentencia.
Ese incidente fue un grave error de quienes hasta entonces lideraban las protestas sobre el fallo del tribunal, toda vez que dio lugar a un agrupamiento de amplios núcleos nacionales que todavía no avizoraban las implicaciones que tendría nacional e internacionalmente. No dejó más alternativa al Gobierno que asumir la sentencia del Tribunal Constitucional con todas sus consecuencias.
El Gobierno en acción
El miércoles 22 de octubre, el Presidente encabezó una reunión del Consejo Nacional de Migración, órgano integrado por 11 funcionarios, entre ellos ocho ministros. En el encuentro se acordó otorgar un plazo de 30 días a la Junta Central Electoral para que rinda un informe sobre el impacto de la sentencia en relación a los extranjeros regulares o irregulares inscritos en el sistema registral. También se fijó un plazo de 60 días para la elaboración del Plan Nacional de Regulación de Extranjeros.
A partir de ahí, el Poder Ejecutivo ha liderado el proceso de defensa de la sentencia. El viernes 25 de octubre se reunió con 23 embajadores y cónsules acreditados en el país para explicarles los alcances de la decisión del TC.
Posteriormente, una comisión de alto nivel viajó a Estados Unidos, acudió a la asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se confrontó con Haití y se reunió con los mismos fines, con representantes del Departamento de Estado, el Consejo Nacional de Seguridad y congresistas de ese país.
El debate lleva más de 40 días en el tapete
Hoy, en medio de un debate que lleva más de 40 días, se plantean diversos escenarios que caracterizan la situación. Por un lado, pende la amenaza de una decisión contraria al interés nacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde terminarán los críticos de la sentencia y prosigue la campaña que motoriza Haití y las onegés dominicanas aliadas de esa causa.
Mientras, el Gobierno de Medina continúa su programa habitual de trabajo con el proyecto de Presupuesto en curso en el Congreso, valora el peso de la deuda del Gobierno, y los múltiples problemas nacionales, los cuales ha encarado con aprobación nacional. Ahora, su atención y la del país se centra en un tema ajeno inicialmente al Poder Ejecutivo, originado en otra instancia de poder, el Tribunal Constitucional, cuyas decisiones, según el artículo 185 de la Constitución “son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.
El Tribunal Constitucional es –por efecto de ese mismo artículo- garante de la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.
1 año y 2 meses
En el año y dos meses que lleva en el poder, el presidente Medina sólo ha confrontado fuertemente con la Barrick Gold, pero fue una iniciativa propia en reclamo de una renegociación del contrato de explotación, match del que resultó ganancioso.
Tanto la JCE como el Constitucional son órganos independientes, con prerrogativas propias que no dependen del Poder Ejecutivo”.
Danilo Medina
Presidente de la República
