Luego de que el alto tribunal ordenara celebrar un juicio contra el exdirector del Instituto Agrario (IAD), Jaime Rodríguez Guzmán, su esposa Reyna Margarita Martínez y su hermano Rafael Antonio Rodríguez Guzmán acusadas de la expropiación de terrenos en Bahía de las Águilas, Pedernales, este martes la Jueza presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, declaró extinta la acción penal iniciada en su contra.
Gisselle Méndez tomó la decisión acogiendo un incidente presentado por los imputados, “tras verificar que ha transcurrido el plazo máximo de duración del proceso previsto por el legislador sin que haya intervenido sentencia definitiva e irrevocable al respecto y sin que se advierta la concurrencia de dilaciones indebidas atribuidas a la actividad procesal desplegada por los imputados”.
En consecuencia, Méndez dictó el archivo de las actuaciones levantadas en el proceso y ordenó el cese de cualquier medida de coerción.
“Los culpables”
Citando una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en ocasión similar, la jueza reseña en su decisión que en la especie, lo reprochable es el hecho de que el Ministerio Público no haya actuado de manera diligente a fin de imprimir celeridad al proceso porque si bien es cierto que a la sociedad le atañe la penalización de las conductas delictiva, no menos es cierto que esta debe realizarse dentro de los plazos establecidos en la ley.
“Estos ciudadanos han permanecido en estado de inculpación por espacio de 15 años, 11 meses y 8 días, en franca violación a su derecho a ser juzgado en un plazo razonable“, indica la sentencia pronunciada por Méndez.
La magistrada explica que en dos ocasiones el proceso se mantuvo inactivo sin justificación alguna, una vez del 10 de agosto de 2004 al 6 de febrero de 2006; y la otra de 3 de mayo de 2007 a 17 de agosto de 2010.
Sentencia vergonzosa
La sentencia fue calificada por el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito como “desastrosa y vergonzante”. “Estamos hablando de miles de millones de pesos que se le pretende robar al pueblo y que un sistema de justicia no puede apoyar con la impunidad este tipo de acciones”, manifestó.
El máximo representante del Ministerio Público aseguró que decisiones como estas y de algunas otras precedentes, son las que generan la desconfianza de la ciudadanía, en quienes administramos la justicia.
¨El Ministerio Público va a recurrir en casación la decisión del tribunal por entender que es una decisión que violenta el principio de contradicción. Es sorprendente ya que se valoraron documentos que la Fiscalía del Distrito no tenía conocimiento y eso está expresamente prohibido, porque solo un juez puede fallar su decisión sobre las cuestiones que están sometidas al debate¨ expresó la fiscal del Distrito Yeni Berenice Reynoso al salir del tribunal.
Por su parte la abogada Laura Acosta, defensa del Estado, manifestó que este fallo implica que un tribunal inferior decidió contrario a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia.
Tras salir de la audiencia, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, calificó la decisión como sorprendente porque dijo se valoraron “documentos que el Ministerio Público ni siquiera tenía conocimientos y eso está prohibido”.
Reynoso, quien fue una de las representantes del Estado, expresó que recurrirá la decisión en casación.
«Entendemos que está decisión violenta el principio de contradicción», dijo la magistarada, de acuerdo con el Twitter de la Fiscalía del Distrito Nacional.
De igual modo, la abogada Laura Acosta, también defensa del Estado, señaló que «nosotros nunca creímos que este proceso sería fácil, estamos preparados».
