La democracia sin un real estado de derecho, es un régimen político vacío. Es esencial, en una sociedad que se precie de democrática, la existencia de garantías para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y el funcionamiento de un sistema de contrapeso institucional que limite el ejercicio abusivo del poder. Un marco jurídico que garantice cada uno de estos aspectos es necesario, pero no suficiente. No importa cuánto se avance en las reformas legales, si al mismo tiempo no se apuesta por el fortalecimiento de las instituciones encargadas de aplicarlas.
El Poder Judicial es un claro ejemplo de lo anterior. Hace dos décadas, aprovechando una reforma constitucional generada a partir de una profunda crisis electoral, se quiso adecentar un sistema judicial que se encontraba al servicio de las peores causas. Efectivamente, se logró integrar en la Constitución del 94 la carrera judicial y se incorporó el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para la designación de los jueces de las Suprema Corte de Justicia (SCJ), quienes a su vez nombrarían al resto de la judicatura. Se buscaba reducir de esta manera la influencia de la política partidaria en la justicia.
Con la designación de la SCJ en el año 97, se inició un proceso de reformas que generó muchas expectativas en la sociedad dominicana de que al fin la justicia, esencial para la calidad de la democracia y el Estado de derecho, empezaba a transitar por nuevos caminos. Era tal el entusiasmo que diez años después comenzó a hablarse de una segunda ola de reformas, la cual hiciera del Poder Judicial una institución comprometida con el cumplimiento de su rol y con una gran confianza y credibilidad. Barómetro de las Américas 2014 indicó que no ha sido así, pues la confianza en el sistema judicial se ha reducido de 50,1 en 2008 a 38,5 en 2014. ¿Qué ha pasado entonces?
Sencillamente, el liderazgo de los partidos tradicionales frustró la esperanza de cambios en la justicia dominicana. Desde el poder, prefirieron controlar la justicia a promover su institucionalidad. Sobre la base de la repartición y la colación de militantes políticos y allegados al líder, se completó la SCJ en el 2001, se realizó la reforma Constitucional del 2010 y se integró la Suprema del 2011. Los resultados están a la vista, una involución sin precedentes en el sistema judicial, la protección de la corrupción mediante archivos y autos de no ha lugar y su incapacidad (¿acaso bien pagada?) para castigar el crimen organizado. ¡Urge remover el sistema judicial dominicano!
