Con sobrada razón un grupo de asociaciones empresariales y de organizaciones de la sociedad civil hicieron recientemente una declaración pública conjunta para anunciar al país su decisión de crear la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática con el objetivo de impulsar las reformas y transformaciones que demanda la República Dominicana. El momento no podía ser más oportuno, puesto que no solo el próximo 16 de agosto se iniciará un nuevo mandato presidencial, congresual y municipal, sino que en esa misma fecha vencerán los mandatos de los miembros del Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral (JCE), por lo que deberá procederse con su conformación por el Consejo Nacional de la Magistratura en el caso del referido Tribunal y por el Senado de la República, en el caso de la JCE.
Todavía la sociedad dominicana resiente los efectos de la fuerte resaca poselectoral en la que quedaron expuestas las peores miserias de un sistema político autoritario, costoso y clientelar así como de una democracia de papel en la que las personas suplantan las instituciones, la separación de poderes es una quimera y los principios elementales son desconocidos.
Miles de millones de pesos circularon inequitativamente y sin control para asegurar la reelección de muchos mandatos o la conquista de otros, para adquirir equipos que no funcionaron en estas elecciones y que para las próximas ya solo serán chatarras y para distorsionar el espíritu del sufragio electoral convirtiéndolo de ejercicio libérrimo de ciudadanía a deleznable manipulación de la pobreza o los voraces apetitos.
No podemos permitir, como sociedad, que las nuevas autoridades electorales a ser electas sean nuevamente personas elegidas por sus simpatías políticas y no por su idoneidad e imparcialidad. Si bien la Constitución, como declara el secretario general del partido oficial, otorga la facultad de elección a instituciones específicas del Estado en ningún momento esto quiere decir que las mismas tengan licencia para abusar de esa autoridad tomando decisiones reñidas con los corolarios fundamentales de la democracia.
Tienen razón las instituciones propulsoras de la Iniciativa Democrática en decir que debe impulsarse la aprobación de una ley de partidos políticos y una nueva ley electoral que enderecen el desviado camino que han tomado nuestros procesos electorales y partidos, así como de declarar que acompañarán el proceso de selección de todos los miembros de organismos electorales y judiciales para velar porque tengan la independencia indispensable para cumplir con sus respectivas misiones. No hacerlo sería irresponsable y sumamente peligroso para el futuro de nuestro país. Como expresara el célebre pensador y político francés Montesquieu, la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial es indispensable para eliminar el absolutismo y asegurar el “equilibrio de poderes” mediante el cual cada uno de ellos controle al otro y todos se controlen entre sí. Lamentablemente sus teorías del siglo XVIII todavía continúan siendo un gran reto en nuestro Estado en el que la composición de los poderes legislativo y judicial busca alterar las reglas del equilibrio y del necesario contrapeso a través de representaciones complacientes al poder ejecutivo, el cual paradójicamente parece tener más control en estas democracias tropicales que en las mismas monarquías europeas. Por eso debemos recordar a los detentadores del poder, a quienes se resienten de que la sociedad se exprese y exija sus legítimos derechos, que si bien tienen letras que les otorgan mandatos su ejercicio tiene que estar enmarcado dentro de la legítima interpretación de estas disposiciones y no resultar viles contradicciones del espíritu y de la ley.
