Participación Ciudadana aseguró este jueves que ninguna de las 27 personas objetadas por la JCE para observar las elecciones del 20 mayo por alegados antecedentes judiciales, se encuentran privadas de sus derechos civiles y políticos, por lo que entiende estaban hábiles para participar del proceso.
“Solo un caso mostró evidencias de existencia de una sentencia y la persona en ese caso fue indultada. En los restantes 26 casos no existía evidencia de sentencia alguna ni siquiera en las fichas del Sistema de Investigación Criminal utilizada por la JCE para depurar a los observadores”, arguyó el movimiento.
Dijo que estas personas estaban hábiles para votar, ser candidatos y, por lo tanto, observar «y la mejor prueba es que figuran en el padrón electoral«.
Participación Ciudadana explicó que de otras tres personas de las señaladas solo se menciona que habían sido arrestadas, sin mención de sometimiento a la justicia o imputación alguna.
En otro caso, uno de los observadores había sido sometido por consumo de drogas de acuerdo con el reporte del sistema de investigación criminal.
“Se nos confirmó la existencia de un caso de un empleado de la propia JCE que figura como observador y que niega que se inscribiera como tal”, indica en el comunicado.
Señala que los datos suministrados indicaban que existían dos personas que se encontraban privadas de su libertad, pero no había evidencia de la Dirección General de Prisiones al respecto, por lo que estos dos casos deberán seguirse investigando hasta llegar a la realidad.
El organismo dice que los reportes del sistema de investigación criminal que les fueron mostrados reflejan tres casos por violación a la Ley de Drogas, dos de los cuales se originan en el 2008 y otro en el 2009, sin que se especifique la existencia de sentencia ni siquiera en primer grado, luego de transcurridos varios años de iniciados esos casos.
Estas declaraciones de Participación Ciudadana están contenidas en el informe que rindió en torno a la reunión que sostuvo con la Junta Central Electoral para revisar la lista de 236 personas que fueron objetados por ese organismo para ser observadores de las elecciones del 20 de mayo.
De la lista de 3,700 personas que Participación sometió a la Junta, el organismo objetó 116 por errores en el número de cédula, 91 por alegados vínculos políticos y tres por ser militares.
Dijo que con relación a los excluidos por problemas con el número de cédula, recibió un listado con los nombre con la finalidad de revisarlos en su sede.
Con los tres observadores señalados como militares, dijo que el equipo técnico se encargaría de contactarlos para verificar su situación, pues podría darse el caso de que hayan sido retirados de los cuerpos armados pero su status no haya sido actualizado en el padrón electoral.
Agrega que con relación a las 91 personas por vinculación con partidos políticos, recibió nuevos datos que le permitieron clasificarlos por partido a fin de verificar si existía una tendencia clara que permitiera inclinar su trabajo hacia algún partido específico.
