El juez de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo dictó ayer tres meses de prisión preventiva, contra el alcalde de Bayaguana, acusado de mandar a matar al regidor Renato Castillo.El juez Darío Gómez ordenó que Nelson Osvaldo Sosa Marte, acusado de ser el autor intelectual del asesinato Renato de Jesús Castillo, cumpla la medida en la cárcel modelo de San Pedro de Macorís.
“Entendemos que fue justa la decisión y estamos conforme con la misma”, refirió Robert Rodríguez, procurador fiscal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, tras informar que el Ministerio Público tiene elementos de pruebas más que suficientes que demuestran la vinculación de Sosa Marte con los hechos que les atribuyen y con la banda que presuntamente contrató para cometer el homicidio.
El Ministerio Público y la parte querellante había solicitado un año de prisión preventiva contra el funcionario edicilio, señalado como la persona que pagó 400 mil pesos a Rafael Antonio Olivo Javier y Freddy Alberto de la Cruz, empleados del ayuntamiento de Bayaguana, para que, a su vez, contrataran a los supuestos sicarios José Marcial Cuello Soto (Prieto) y Yorkis Severino Alberto para que asesinaran al regidor Renato Castillo, también del Partido de la Liberación Dominicana.
A los señalados autores materiales del crimen, al igual que Dauris de la Cruz y Michael Bueno, alias Michel, también implicados en el hecho, hoy les conocerán medida de coerción en el Tribunal de Atención Permanente de la Provincia Monte Plata. Tomás Castro, abogado del alcalde, rechazó la decisión del tribunal, tras asegurar que estaba “prefabricada”.
En ese mismo orden, el tribunal rechazó una solicitud de embargo conservatorio e hipoteca judicial contra los bienes inmuebles del imputado, hecha por los familiares del malogrado regidor peledeísta.
Alcalde fue suspendido de sus funciones
La vicealcaldesa de Bayaguana, Amarilis Sosa, asumió la dirección de la alcaldía municipal de acuerdo a lo establecido en el artículo 44 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. El cual refiere que cuando se dicten medidas de coerción consistentes en arresto domiciliario o privación de libertad, el funcionario queda suspendido de sus funciones.
