La doble moral es un criterio aplicado cuando a un individuo o institución se le acusa de ejercer una doble norma en el tratamiento a grupos de personas. Es decir, que injustamente permiten más libertad de conducta a un sujeto que a otro.
Esta definición sugiere que la doble moral es injusta, porque viola el principio de justicia conocido como imparcialidad, según el cual los mismos criterios se aplican a todas las personas sin favoritismo. Pero es preciso resaltar que la doble moral permite dar cabida a soluciones que convienen a intereses particulares y no necesariamente a los de la colectividad.
Esta reflexión antecede algunos aspectos que tocaré a continuación, en la que esbozo planteamientos que quizás inquietarán a muchos, pero prefiero llamar cada cosa por su nombre.
Mi inquietud surge a raíz de las diferentes problemáticas que afrontamos como nación, desde el polémico tema de la elección de los miembros de la Junta Central Electoral y las Altas Cortes, el retiro de la mesa del diálogo de los partidos de oposición, el embarazo en niñas y adolescentes y la explotación sexual infantil.
Sobre estos y otros temas es normal que surja un abanico de opiniones, lo que representa el más genuino derecho ciudadano de expresar libremente su punto de vista. Es, en resumen, la esencia de una sociedad abierta y democrática.
Y es un comportamiento que igual se traduce en doble filo, porque una inadecuada organización ciudadana es un reflejo de lo que sucede en diferentes esferas de la sociedad, donde las cosas se mueven según intereses individuales.
Las recientes declaraciones de la representante de Unicef en el país, Rosa Elcarte, sobre la explotación sexual de niñas y adolescentes, sería el mejor ejemplo para justificar esta madeja teórica sobre la doble moral en el día a día de nuestra amada Quisqueya. Elcarte dejó ver su “preocupación por la tolerancia con que la sociedad dominicana admite esta problemática, que la mayoría de las veces da pie a la explotación sexual de niñas y niños con fines comerciales en los polos turísticos y provincias más pobres del país”. Reveló que durante una reunión con la Comisión de Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados, algunos legisladores dijeron conocer casos de “terratenientes” que vivían con cinco y seis niñas.
Y a esta doble moral se añade el pensamiento corrosivo inculcado a las hijas cuyos padres les “aconsejan” que la única forma de salir adelante en la vida es “consiguiéndose” un hombre con buen posicionamiento económico, impulsándolas así a ser presas fáciles de redes de explotación sexual o a uniones tempranas.
En el caso puntual de las jóvenes embarazadas a temprana edad, la solución está en una educación apropiada y castigar con cárcel a los que abusan de ellas, incluidos esos “terratenientes” denunciados sin nombres ni apellidos por ¿honorables? representantes del Poder Legislativo.
