La mayor debilidad de la democracia dominicana, lo que la hace infuncional, estriba en la falta de una opinión pública vigorosa, que se deje sentir y tenga eco en las alturas del poder político. Es cierto que se la ha estado creando al través de las actuaciones y vigilancia de instituciones de la sociedad civil como Participación Ciudadana, Finjus e incluso de organizaciones como el Conep y la ANJE. Pero la distancia por recorrer sigue siendo muy extensa.
Los gobiernos no escuchan los reclamos de la sociedad y sólo se sienten comprometidos cuando sienten que el agua les llega al cuello. Tenemos un ejemplo histórico patético de esa realidad, con el excesivo proselitismo de que somos víctimas con vista a elecciones presidenciales que se inician al día siguiente de haberse cerrado las urnas de los comicios anteriores. Las campañas no cesan nunca y ello agrava nuestras dificultades económicas, distrae tiempo y recursos públicos de manera exagerada e irresponsable.
La situación se torna más deprimente ante la incapacidad legal, acentuada en una ausencia de voluntad manifiesta, de las autoridades electorales para ponerle coto a las extemporáneas actividades de los partidos, en especial del oficialista, que ha tupido las calles, plazas, carreteras e inmuebles con vallas promocionales de aspiraciones presidenciales, incluyendo lugares donde le estaría vedado hacerlo a sus contrarios. La verdad es que este abuso de la clase política no sólo hastía a la población, sino que la irrita. Enseña una realidad dramática. Recuerda la manera en que la clase política ha logrado apoderarse de las instituciones y convertirlas en instrumentos de sus ambiciones y propósitos. Algo que sin duda les garantiza su predominio sobre la vida social, política y económica de la nación y su ilegítimo derecho a hacer del país lo que les viene en ganas.
